Madrid, 9 abr.- El Gobierno ha señalado que la autorización de un matrimonio ante notario "difícilmente puede considerarse una privatización" de la Justicia al recordar que se trata de un funcionario público que el ciudadano percibe como "accesible y altamente cualificado".
En una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, el Ejecutivo explica que la posibilidad de contraer matrimonio ante notario se añade a las opciones ya existentes, por tanto "no sustituye al matrimonio ante el responsable del Registro Civil".
El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el pasado 31 de octubre, abre las puertas a que los notarios puedan, por 95 euros, casar o divorciar.
En la respuesta, el Gobierno descarta que la reforma suponga "una privatización del servicio público de la justicia", puesto que los notarios son funcionarios públicos, tal y como señala el artículo 1 de la Ley del Notariado.
En caso de que la reforma salga adelante, serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien éste delegue, el notario, el encargado del Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.
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