Washington, 9 feb.- Un gran jurado de Estados Unidos ha acusado formalmente de perjurio y fraude en documentos de inmigración al exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, investigado en España en relación con la matanza en 1989 de seis jesuitas, confirmaron hoy a Efe fuentes cercanas al caso.
El exmilitar salvadoreño ha sido acusado de dos cargos por cada delito y podría enfrentarse a diez años de prisión por cada uno de ellos, lo que representa 40 años de cárcel como pena máxima.
Una vez ha tenido lugar la presentación de cargos por parte del gran jurado (jurado de investigación), ahora el caso se presentará a juicio, para el que aún no hay fecha concreta.
Montano, quien en las audiencias previas barajó la posibilidad de declararse culpable, finalmente prefirió no hacerlo y prolongar así el proceso judicial.
Ante esta situación, tanto la acusación como la defensa se mostraron de acuerdo en que debían trasladar el caso al jurado de investigación, que finalmente lo ha acusado.
El salvadoreño ha estado en EE.UU. desde al menos 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
El cargo de perjurio se debe a que, pese a negarlo en su declaración, Montano fue miembro del grupo militar conocido como "La Tandona", el cual contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón en el campus de la Universidad Centroamericana.
El pasado 2 de diciembre el Gobierno español acordó solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios