Greenpeace celebra que el fiscal no vea delito en la escalada al Congreso

Madrid, 17 jun.- Greenpeace ha celebrado hoy que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido el archivo de la causa abierta a ocho activistas de esta organización ecologista al no ver delito en su escalada al tejado del Congreso en protesta contra la reforma de la Ley de Costas, el pasado 9 de mayo.

"El informe de la Fiscalía deja claro que la protesta era pacífica y que lo único que quería evidenciar es el grave retroceso en la protección ambiental y el uso público del litoral que supone la nueva Ley de Costas", según palabras del director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, recogidas en un comunicado.

Greenpeace se congratula por tanto de que el fiscal Luis Barroso no considere estos hechos constitutivos de un delito contra altos organismos del Estado, penado con hasta cinco años de cárcel, y por el que los ocho activistas fueron detenidos y llevados a declarar a la Audiencia Nacional el mismo día en que se encaramaron al tejado del Congreso.

La asociación recuerda que esta protesta se llevó a cabo el día en el que el Congreso debatió y aprobó la nueva Ley de Costas "con la mayoría absoluta del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de partidos".

Según los ecologistas, con esta acción se pretendía denunciar que la nueva norma "desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular".

Tras descartar que la escalada al Congreso fuera constitutiva de delito, el fiscal Luis Barroso ha pedido al juez Javier Gómez Bermúdez que decrete el sobreseimiento de la causa, en la que tomó declaración a los ocho activistas el mismo día en que sucedieron los hechos y les impuso comparecencias mensuales en el juzgado.

Según el fiscal, "de lo actuado, no consta que la intención de los activistas de Greenpeace fuera el invadir la sede del Congreso, al ocurrir los hechos en el exterior, y que la invasión fuera a producirse con fuerza, violencia o intimidación".

Tampoco hay constancia, añade, de que "se haya alterado el normal funcionamiento de la sesión plenaria celebrada ese día en el Congreso de los Diputados".

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez les dejo en libertad con la citada medida cautelar, aunque no les atribuyó en su auto ningún delito concreto, a la espera de que el presidente del Congreso, Jesús Posada, informara sobre si efectivamente los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.

Posada comunicó al juez que los activistas no alteraron el normal funcionamiento del pleno, pero sí el del Congreso.