Miles de solicitantes a los que Holanda negó otorgar el asilo viven en la calle, en casas ocupadas o viviendas que les proporcionan organizaciones caritativas o municipios, sin apoyo del gobierno central, lo cual ha suscitado críticas.
"Si el solicitante de asilo se niega a cooperar con su partida de Holanda, el gobierno puede negarle su protección", estimó el Consejo de Estado.
No obstante, hay excepciones a esta regla, en particular cuando el estado "psicológico" del solicitante le impide entender que el gobierno no le brindará protección si se niega a abandonar Holanda.
Expertos de la ONU han criticado a Holanda en varias oportunidades por negarse a albergar y alimentar a las personas a las que ha denegado el asilo, cuando se niegan a cooperar para regresar a su país.
Según los medios de comunicación holandeses, unas 100.000 personas viven "ilegalmente" en Holanda.
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