Homenajeados jesuitas asesinados hace 23 años durante guerra en El Salvador

San Salvador, 15 nov.- La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador conmemora esta semana los 23 años, que se cumplirán este 16 de noviembre, del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, que sigue en la impunidad tras denegarse la extradición a España de los militares involucrados.

El 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil (1980-1992), un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana y mató a los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y uno salvadoreño.

Los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados junto al salvadoreño Joaquín López.

En el ataque también fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

La UCA celebrará mañana una eucaristía en memoria de las víctimas, aunque la conmemoración principal tendrá lugar el sábado con la tradicional "Procesión de los farolitos", llamada así porque los participantes portan faroles de velas.

El sábado también se celebrarán una misa, una vigilia con actos culturales y una exposición de alfombras de serrín, según la programación divulgada hoy por la UCA.

Además, el lunes y martes se celebraron foros sobre distintos aspectos de la realidad salvadoreña, y hay exposiciones bibliográficas, multimedia, fotográficas y de carteles.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, lamentó en una entrevista con el estatal Canal 10 de televisión que las autoridades salvadoreñas "no han hecho mucho para descubrir la verdad y para que en este caso haya justicia".

"Mas bien se ha tenido que recurrir a instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que insistiera e hiciera ver al Estado la obligación que tiene de investigar este caso y otros casos de violaciones a los derechos humanos que se dieron durante la guerra", señaló Oliva.

El caso fue denunciado ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que los familiares de las víctimas y la UCA agotaran en El Salvador las instancias judiciales, sobre todo para esclarecer la autoría intelectual de la matanza.

La CIDH recomendó en 1999 al Estado salvadoreño "realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, de forma expedita conforme a estándares internacionales a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada" en 1993 por el Parlamento.

El 8 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó la extradición a España de 13 de los 20 militares sospechosos de haber perpetrado la matanza, tras lo cual fuentes jurídicas anunciaron en Madrid que el caso sería archivado.

El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco pidió la extradición en 2011 después de admitir en 2009 una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de Estados Unidos, para investigar a los militares salvadoreños.

Los 13 militares cuya extradición denegó la CSJ son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares.

Además, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Óscar Mariano Guzmán.

Otros dos acusados cuya extradición solicitó la Justicia española viven en Estados Unidos, donde uno de ellos, el coronel Orlando Montano, enfrenta un proceso por presunto fraude migratorio; el otro es el teniente Héctor Ulises Cuenca.

Los 20 militares salvadoreños fueron procesados en España bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.