Indignados colapsan oficina bancaria de Granada en protesta por un desahucio

  • Medio centenar de personas convocadas por el grupo Granada Stop Desahucios, integrado en el movimiento 15M, se han concentrado hoy en una oficina bancaria de Granada en apoyo a un vecino en riesgo de ser desahuciado y han obligado a la sucursal a cerrar sus puertas al público, según ha informado hoy el grupo.

Granada, 21 oct.- Medio centenar de personas convocadas por el grupo Granada Stop Desahucios, integrado en el movimiento 15M, se han concentrado hoy en una oficina bancaria de Granada en apoyo a un vecino en riesgo de ser desahuciado y han obligado a la sucursal a cerrar sus puertas al público, según ha informado hoy el grupo.

Los indignados han entrado con guitarras en la oficina alrededor de las 11:00 horas cantando "Robando voy, robando vengo" para "denunciar la corrupción de la banca", han explicado los integrantes del movimiento, que también han arrojado papeles con el mensaje: "Esta caja engaña, estafa y echa a la gente de su casa".

Según su relato, algunos de los manifestantes han tratado "sin éxito" de hablar con el director de la sucursal para plantearle la situación del vecino, al que la entidad bancaria avisó el pasado martes de que pedirá a los juzgados que ejecuten una orden de desahucio contra él.

Aproximadamente una hora después, la oficina cerró las puertas al público, tras lo que los manifestantes han proseguido su protesta en la calle frente a la sucursal bancaria

Según el grupo de protesta, el vecino que se encuentra en riesgo de desahucio lleva dos años en paro y la entidad financiera pretende, además de que abandone el piso, hacerle pagar 100.000 euros por la hipoteca, por lo que él ha solicitado la dación en pago, es decir, que se anule esta deuda, algo a lo que se ha negado la oficina bancaria.

El grupo Granada Stop Desahucios, que se dedica a apoyar a las personas en situaciones de riesgo de desahucio, calcula que en la provincia de Granada, unas 1.784 familias han perdido su casa en los dos últimos años.

La solución que proponen es "una moratoria para aquellas personas que debido a la crisis no puedan hacer frente a los pagos o un régimen de alquiler social mediante el que el Estado ayude a este colectivo".

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