Asunción, 30 may.- Centenares de "indignados" paraguayos protestaron hoy por segundo día consecutivo ante el Congreso para exponer varios reclamos como el desbloqueo de las listas de candidatos y el juicio político para siete miembros del Supremo.
La protesta, que se llevó a cabo en una plaza pública ante la sede del Parlamento, en Asunción, fue convocada bajo la denominación de "After office revolucionario" por grupos civiles, en su mayoría jóvenes, quienes se manifestaron con las caras pintadas, pancartas y banderas.
La medida de fuerza incluyó debates, presentación de grupos musicales, de danza y discursos de varios oradores.
Los movilizados exigieron, entre otras cosas, el desbloqueo total de las listas cerradas de candidatos por las que se rigen los comicios nacionales e internos de los partidos políticos.
Ese mecanismo, también llamado como "desbloqueo de listas sábana", establece, según sus impulsores, la posibilidad de elegir el número del candidato de preferencia más allá de la ubicación que estos tengan en las nóminas hechas por los partidos en sus elecciones internas.
"Estamos acá para que los políticos se den cuenta de que no vamos a permitir que nos sigan imponiendo a quienes tenemos que votar, estamos cansados de que otros decidan por nuestro futuro", aseveró ante los periodistas Carlos Rodríguez, de 21 años.
Los organizadores del encuentro también exigieron el juicio político para siete de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia que fueron confirmados en sus cargos por el Consejo de la Magistratura el 23 de abril pasado.
Esos magistrados, cuyo primer mandato de cinco años había expirado en 2009, habían sido removidos de sus puestos por una resolución del Senado el 12 de abril, lo que desató una crisis de poderes en su día.
Los "indignados" protestaron en el mismo lugar donde el martes se congregaron para repudiar un proyecto de ampliación presupuestaria de 33 millones de dólares para la Justicia Electoral que finalmente fue rechazado por el Senado en una sesión extraordinaria convocada de urgencia.
El proyecto estipulaba una ampliación de 150.000 millones de guaraníes (33 millones de dólares) para la contratación de entre 7.000 y 9.000 nuevos funcionarios para el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Los manifestantes, quienes denunciaron que esos fondos irían a parar a manos de operadores políticos, también se habían congregado ante el Congreso el día 25 pasado, luego de que los Diputados dieran vía libre al proyecto en cuestión.
El pedido de ampliación volvió a instancias del Legislativo después de que el jefe de Estado, Fernando Lugo, lo vetara el día 9, argumentando que el Gobierno no cuenta con los recursos exigidos.
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