Jerusalén, 29 ago.- Israel anunció hoy un acuerdo con Uganda para que reciba a decenas de miles de inmigrantes eritreos y sudaneses que residen sin papeles en el Estado judío y que serán perseguidos por las autoridades si no se marchan, informaron medios locales.
Hoy se levantó la prohibición de publicar el nombre del Estado africano con el que se alcanzó el pacto, anunciado ayer por el ministro de Interior, Gideon Saar.
Uganda acogerá a los eritreos y servirá como punto de tránsito a los sudaneses hasta su país natal, según el Ministerio de Interior.
El mes pasado, el diario israelí "Yediot Aharonot" informó de que Hagai Hadas, ex agente del Mosad, los servicios de inteligencia en el exterior, negociaba en representación de Israel con tres países africanos un paquete que incluía ayuda militar, agrícola y económica a cambio de la acogida.
El plan final se centrará en su primera fase en exigir a los inmigrantes que abandonen el país y "ayudarles con la logística de su marcha, incluido el coste, el vuelo y gestionar las posesiones que acumularon mientras estaban en Israel", señaló Saar.
En la segunda parte, que comenzará a finales de septiembre, el Estado pondrá una fecha tope para que "determinados sectores de la población de infiltrados" (como se denomina oficialmente a los inmigrantes en situación irregular) se marchen "voluntariamente".
Quienes pasada esa fecha sigan en el país se toparán con el fin de las ampliaciones de visados y con un mayor control de la prohibición de emplear a sin papeles.
A raíz de una reforma legal aprobada el año pasado, pueden acabar en prisión quienes contraten a inmigrantes sin papeles y a solicitantes del estatus de refugiado, a los que se puede encarcelar hasta tres años sin juicio.
"Espero que los infiltrados se vayan a un ritmo de 2.000 a 3.000 por año. Estoy seguro de que las cifras aumentarán mucho cuando coja fuerza el plan con el tercer país. Quiero recordar que son 55.000", dijo Saar.
Se calcula que el 90 por ciento de los 55.000 inmigrantes en situación irregular en Israel provienen de Eritrea y Sudán.
El plan ha generado críticas en parte de la izquierda y las asociaciones de ayuda a los inmigrantes.
La diputada Mijal Rosin, de la formación de izquierda Meretz, lamentó la opacidad del acuerdo y subrayó que "no existe 'deportación voluntaria' cuando la alternativa es la amenaza de cárcel y de persecución por las autoridades".
El Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente ha aprobado además una regulación por la que, independientemente de los bienes que posean, los inmigrantes sólo podrán dejar Israel con fondos y propiedades equivalentes al salario mínimo interprofesional multiplicado por el número de meses que estuvieron en el país, salvo un permiso especial de las autoridades aduaneras.
Israel ha endurecido notablemente su política migratoria en los últimos años, con deportaciones y la construcción de una valla en la frontera con Egipto que, según cifras oficiales, ha frenado las entradas ilegales en un 99 por ciento.
En su último informe anual, la mayor ONG israelí de derechos humanos, ACRI, denunció la actitud agresiva del Gobierno en 2012 hacia la inmigración no judía, con una "actitud racista y xenófoba prevalente hacia los peticionarios de asilo africanos" y un "nuevo cenit de declaraciones racistas" por parte de diputados, dirigentes políticos y de seguridad, rabinos y líderes vecinales.
El anterior ministro de Interior, Eli Yishai, calificó en su momento la inmigración ilegal de una "amenaza" para su país igual o mayor que el programa nuclear iraní, y confesó que su política consistía en encarcelar a sin papeles para "amargarles la vida" hasta que pudiese deportarles.
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