Japón es "cruel" con los condenados a muerte

Que Iwao Hakamada haya o no cometido los espantosos asesinatos por los que fue condenado a la horca es un tema abierto a debate. Lo que sí es seguro es que este hombre de 73 años –el condenado de mayor edad que espera en el corredor de la muerte– se ha convertido en el símbolo del cruel tratamiento que da Japón a uno de sus criminales más despreciados.

Hakamada, un ex boxeador profesional, ha pasado 41 años en el corredor de la muerte por un asesinato que incluso uno de los tres jueces que lo sentenció ahora considera que no cometió. La posibilidad de que un hombre inocente haya pasado más de cuatro décadas en prisión no es la única razón por la cual el caso de Hakamada ha llamado la atención de los grupos de derechos humanos.

"Un tratamiento cruel, inhumano y denigrante"

Amnistía Internacional ha acusado al sistema penal japonés de enloquecer a sus condenados al someterlos a un promedio de -al menos- siete años de tratamiento "cruel, inhumano y denigrante" mientras esperan en el corredor de la muerte.

El informe de 72 páginas, publicado recientemente, ofrece una fuerte crítica contra las conductas que convierten la pena capital, al estilo japonés, en una de las más desconocidas e inhumanas del mundo. Los detenidos en el corredor de la muerte son sometidos a un confinamiento solitario, se les prohíbe hablar con otros prisioneros y sólo tienen dos o tres periodos de ejercicios físicos a la semana. Tampoco pueden caminar en sus celdas, excepto para usar el lavabo y las reuniones con abogados y familiares son breves e infrecuentes y siempre supervisadas.

Pero lo peor es la incertidumbre. Los condenados se enteran del momento de su ejecución sólo unas horas antes de ser llevados a la horca. Sus familias son informadas una vez que ya se ha producido, de manera que puedan ir a recoger el cuerpo y cremarlo. Esto, según Amnistía, constituye un castigo cruel y único que hace que muchos reclusos caigan en una profunda desesperación psicológica.

"Cada día puede ser el último y la llegada de un funcionario de prisiones con una orden de ejecución es sinónimo de que la muerte se producirá en cuestión de horas", señala el informe. "Algunos viven así año tras año, a veces durante décadas".

Maltrato psicológico

Mediante entrevistas con familiares y abogados, Amnistía Internacional indica que al menos cinco condenados en el corredor de la muerte son enfermos mentales. Si bien el derecho internacional y el código penal japonés prohíben ejecutar a prisioneros catalogados de "dementes", la pena capital continúa. "El corredor de la muerte de Japón hace que los prisioneros caigan en profundas enfermedades mentales, pero aún así siguen siendo ejecutados", declara Kate Allen, directora de Amnistía en Reino Unido.

"La angustia mental de no saber si cada día será el último es bastante terrible. Pero el sistema judicial de Japón también considera adecuado encerrar a los prisioneros del corredor de la muerte en el régimen más punitivo de silencio, aislamiento y no existencia imaginables". Los abogados de Hakamada, que fue sentenciado en 1968 por asesinar a una familia de cuatro personas, sostienen que las décadas de aislamiento y temor han dejado a su cliente en un estado de "psicosis institucional".

Japón y Estados Unidos, los únicos dos países del G7 que mantienen la pena de muerte, no se han sumado a la tendencia actual de abolirla o de no utilizarla que aplican otros países, entre ellos bastiones de atropello a los derechos humanos como Camboya o Ruanda.

Entre enero de 2006 y enero de este año, Japón ha enviado a la horca a 32 hombres, entre ellos cinco de más de 70 años, según sus detractores. El año pasado, el número de ejecuciones llegó a 15, la cifra más alta de los 30 últimos años.

Vientos de cambio

Sin embargo, la abolición podría estar más cerca tras las elecciones del mes pasado en las que resultó ganador el Partido Democrático de Japón, de centro-izquierda. El nuevo primer ministro, Yukio Hatoyama, ha dado esperanzas de cambio con la designación de Keiko Chiba como ministra de Justicia. Chiba es ex miembro del Partido Socialista de Japón y una clara opositora a la pena capital. La nueva ministra no ha llegado a declarar una moratoria, pero ha dicho que "trataría cada caso con precaución", un signo que, según los observadores, significa que Japón no enviará a nadie más a la horca en un futuro cercano.

Si Chiba ejerce su prerrogativa ministerial de no firmar las órdenes de ejecución de alguno de los 102 prisioneros del corredor de la muerte, lo hará desafiando la opinión del pueblo. Un sondeo de 2005 determinó que más del 80 por ciento de los japoneses apoyaba la pena capital, en parte como respuesta a los ataques con gas sarín de 1995 en el metro de Tokio. En el incidente murieron 12 personas y miles resultaron heridas.

Sin embargo, no sería la primera vez que Japón le da vueltas al tema de una abolición de facto. Entre 1989 y 1992 no hubo ejecuciones y en octubre de 2005 y durante 15 meses, los ministros de justicia se negaron a firmar las órdenes.

Después de varias apelaciones sin éxito y solicitudes para repetir el juicio, los esfuerzos de Hakamada para probar su inocencia parecen haberse agotado, aunque sus abogados sostienen que no han perdido la esperanza. Si Hakamada fuera capaz de entender las circunstancias en las que se encuentra –algo improbable en vista del estado de su salud mental- al menos podría darse cuenta de que el sonido del guardia que se acerca a su celda en la mañana no significa que sólo le quedan unas horas de vida.