JpD apoya la huelga en protesta por los recortes del Gobierno en Justicia

Madrid, 12 nov.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha anunciado hoy su apoyo a la huelga general del miércoles en protesta por los recortes del Gobierno en la administración de Justicia, el "inaceptable" desmantelamiento del Estado social y el "ataque sin precedentes contra el sector público".

En una nota de prensa, JpD explica además que ante "la negativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a regular los servicios mínimos, los propios jueces asumiremos su autorregulación".

Justifican su adhesión a la convocatoria de huelga general, fundamentalmente, por "los continuos recortes de los servicios públicos" que "han tenido también considerables repercusiones en la administración de justicia".

Su principal crítica al gobierno es que haya acordado "una importante reducción del presupuesto" en Justicia cuando "nuestro país se encuentra con un sistema judicial en gran parte al borde del colapso, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el ámbito europeo y con uno de los más elevados índices de litigiosidad".

También denuncian que el Gobierno trate de prescindir de la mayor parte de la partida destinada a jueces sustitutos para que sean los jueces titulares quienes asuman ese trabajo, lo que, a su juicio, "provocará mayores disfunciones y demoras".

Otro motivo para ir a la huelga es la implantación de las tasas judiciales, que entienden que provocará "graves desigualdades procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la justicia quienes puedan pagársela".

A todas estas razones añaden que los recortes en todos los ámbitos, no sólo judicial, "están produciendo las mayores restricciones en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática".

Apuntan fundamentalmente a "los efectos de una reforma laboral injusta y de dudosa constitucionalidad", que consideran han provocado "unos niveles de desempleo de enorme entidad, así como una situación de importantes desequilibrios en las relaciones laborales".

Subrayan además que los sacrificios que se exigen a la mayoría de la población "no se extienden a los sectores más privilegiados, pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar las correspondientes aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno".

Por el contrario, consideran que ese "trato de favor se completa con la aprobación de una amnistía fiscal".