Miguel Ángel Frontera, acusado de protestar frente al domicilio del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tendrá que ir a juicio. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba, quien además le ha impuesto una fianza al inculpado de 52.266,67 euros.
En un auto adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Javier Carreño ratifica, además, las medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación. El magistrado, por otro lado, ha ordenado también el embargo de sus bienes en caso de que el acusado no abone la fianza en el plazo de un día.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para Frontera por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En julio de 2020, la pareja presentó una querella contra Frontera por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ahora piden una pena de prisión para el hombre por estar "a diario" -al menos desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 12 de diciembre- frente al domicilio de ambos en Galapagar, "hostigando y profiriendo términos injuriosos como 'garrapata', 'chepas' o términos de índole similar".
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