Juez certifica solicitud de visa para mexicana que dio a luz esposada en EEUU

Charlotte (EE.UU.), 21 sep.- Un juez en Tennessee certificó la solicitud de una visa de víctima de crimen a la indocumentada que en custodia de alguaciles locales estuvo esposada en una cama de hospital horas antes de dar a luz.

La mexicana Juana Villegas, que en 2008 y con nueve meses de embarazo fue detenida por alguaciles del condado Davidson, donde se asienta la ciudad de Nashville, capital del estado, por una infracción de tránsito y sometida al programa 287g, podrá buscar estadía legal en el país.

El juez de distrito, William Haynes Jr, también decidió el jueves que el Gobierno de Metro (una consolidación de Nashville y el condado Davidson) debe pagar 1,1 millón de dólares por concepto de tres años de honorarios y gastos legales generados en el caso de la hispana.

El año pasado, un jurado determinó que la Oficina del Alguacil Daron Hall debía indemnizar con 200.000 dólares de los 1,2 millones de dólares solicitados por la inmigrante Villegas por haber sufrido un trato inhumano mientras daba a luz estando en su custodia.

Las autoridades de Metro han apelado esta decisión y el próximo mes se discutirán argumentos en una corte estatal.

El caso de Villegas desató una serie de críticas y denuncias sobre la aplicación injusta del 287g en Nashville de parte de las organizaciones de defensa de los inmigrantes, que argumentaron que la mayoría de las detenciones fueron por infracciones menores de tránsito.

Además, generó una demanda en la Corte Suprema de Tennessee que cuestiona la legalidad del acuerdo entre el alguacil y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

A principios del mes de agosto, Hall anunció que no renovará su contrato con inmigración para aplicar el programa 287g en su cárcel local, que desde 2007 puso en proceso de deportación a más de 10.000 indocumentados.

La decisión de Haynes aumenta las posibilidades de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) otorgue la Visa U, creada en 2000 por el Congreso para defender a los indocumentados víctimas de crímenes que por su condición migratoria temen denunciar los hechos a las autoridades.