Juez chileno reabre el caso por el asesinato de diplomático español en 1976

Santiago de Chile, 22 ene.- Un juez chileno ordenó reabrir el caso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en 1976 por agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima, informaron hoy fuentes jurídicas.

Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria, dijo hoy que la resolución emitida el lunes por el juez de la Corte Suprema Lamberto Cisternas "genera una enorme satisfacción, en lo personal y para la familia".

"Después de muchos años en que intentamos reabrirlo (el caso) en tres oportunidades, las diligencias que presentamos son bastantes completas, dicen relación con nuevas personas involucradas", declaró el letrado a los periodistas.

Según la resolución del juez, corresponde reabrir la investigación del caso ante las "diligencias precisas y concretas" solicitadas por el abogado Insunza.

Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado por agentes de la DINA, la policía secreta de Pinochet, el 15 de julio de 1976 y, según el expediente del caso, torturado hasta la muerte.

Los homicidas, posteriormente, colocaron el cadáver de Soria en su propio automóvil, lo rociaron con licor y lanzaron el vehículo a un canal, para simular un accidente causado por una supuesta ingesta de alcohol de la víctima.

El caso fue investigado por los tribunales entre 1991 y 1996, año que el juez especial encargado, Marcos Libedinsky, lo cerró por la ley de amnistía que Pinochet dictó en 1978 para evitar la investigación de los crímenes de su régimen.

En marzo de 2010, otro juez especial, Héctor Carreño, rechazó una primera solicitud de reapertura de la investigación, solicitada por el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

Según el juez, no era posible reabrir el caso por haberse sobreseído de forma total y definitiva.

No obstante, un año después, en un anexo al juicio principal, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años de prisión a siete exmilitares como autores de una asociación ilícita para obstruir la justicia en el caso.

Entre los condenados estaban el exjefe de Inteligencia del Ejército general Eugenio Covarrubias, el general de brigada Jaime Lepe y el excoronel Sergio Cea, además del exsuboficial José Remigio Ríos San Martín y otros tres oficiales que presionaron a este último para no entregar antecedentes, después de que confesara haber sido uno de los autores del homicidio del diplomático.

Además de ordenar la reapertura de la investigación, el juez Cisternas dispuso ahora que se practiquen varias diligencias, que estarán a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).