La Junta apuesta por el trabajo de administraciones y entidades para frenar casos de explotación sexual

En este sentido, Crespín ha felicitado la Asociación Comisión Católica Española de Migracion (Accem) por la organización de dichas jornadas, en las que se abordan "cuestiones que están presentes en nuestra sociedad y en los países de nuestro entorno, que cada vez son más conscientes de una realidad que va creciendo en paralelo a los flujos migratorios y alas posibilidades de empleo en los países con mayor nivel de desarrollo".

De ahí la importancia, según ha señalado, de estas jornadas formativas, que van a "aportar información y recursos a la ciudadanía y a la propia Administración, así como a entidades y agentes implicados en esta temática, con el fin de formar y sensibilizar sobre este asunto".

"Se trata por tanto --ha subrayado-- de poder actuar contando con la mayor información y las herramientas disponibles, ampliar conocimientos, trabajar de acuerdo a la normativa vigente y conocer el papel de las entidades implicadas en la intervención sobre esta problemática".

Crespín ha añadido que es "fundamental el trabajo coordinado entre estas entidades, como Accem, que conocen la problemática, y la propia Administración, que ofrece recursos para llegar a las personas más vulnerables, teniendo en cuenta que la crisis ha aumentado la cifra de personas en situación de vulnerabilidad".

La delegada ha indicado que la explotación sexual es la principal modalidad de trata en Andalucía y el 95 por ciento de las víctimas son mujeres. Además hay una relación estrecha entre la explotación sexual y la prostitución. Se trata de un problema social que afecta cada vez a más mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, y por ello la Junta ha respondido "con una mayor inversión en proyectos de atención integral" a este colectivo.

La convocatoria de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAJ) para 2016-2017 destina en torno a 700.000 euros para iniciativas de atención a mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual, con lo que se prevé aumentar el número de beneficiarias, que alcanzó las 5.700 mujeres durante los últimos dos años.

Son proyectos que abordan la intervención jurídica, psicológica, sanitaria y formativa, además de la orientación sociolaboral, la acogida temporal o el acompañamiento en la gestión de recursos sociales, sanitarios y laborales.

Los datos son una muestra más de la apuesta de la Junta "por las políticas sociales y de atención a las personas más vulnerables y es el mismo motivo por el que Andalucía trabaja en la elaboración del I Plan para la Erradicación de la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual en Andalucía".

La idea, según han destacado Crespín, es "intervenir con los mecanismos adecuados en las soluciones a esta problemática, hacerla visible, denunciarla y actuar conjuntamente", siendo preciso "tener toda la información, conocer la normativa vigente y disponer de las herramientas para denunciar estos casos, actuar y acabar con esta problemática".

Por eso, según ha concluido, "todas las jornadas, foros de debate y encuentros que se celebren en torno a la explotación sexual-laboral son bienvenidos, porque vienen a aportar luz a una situación de por sí compleja, que requiere de mucha sensibilidad y una gran concienciación ciudadana, porque no se pueden permitir esas situaciones en una sociedad democrática y civilizada como la nuestra".