La Audiencia juzga este miércoles a un empleado de Educación por falsificar títulos

La Audiencia de Jaén juzga este miércoles a Francisco S.P., un trabajador de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte que en abril de 2013 comenzó a falsificar títulos y homologaciones a cambio de dinero, según recoge el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional que le reclama seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y estafa.

Para ello, el acusado se aprovechó de su condición de Auxiliar Administrativo de la Sección de Títulos de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Jaén. De esta forma, dice el escrito ofrecía a sus conocidos la gestión de títulos y homologaciones, para lo cual les exigía el abono de cantidades de dinero en concepto de tasas, que luego se apropiaba en su beneficio.

Para dar una apariencia de veracidad a sus operaciones y ocultarlas en los registros de la Delegación, utilizó los sellos y documentos oficiales que estaban a su disposición para así simular títulos y certificaciones que luego entregaba a los interesados y que, por supuesto, carecían de valor alguno.

El acusado llevó a recibir 250,96 euros por la tramitación de una supuesta beca para madres solteras, otros 100 euros por la expedición de un certificado de convalidación de inglés al Nivel B-2, así como de títulos de técnico y de técnico superior, completamente falsos. Asimismo cantidades comprendidas entre los 35 y los 50 euros, por la expendición de un título falso de manipulador de alimentos.

También llegó a cobrar 411,8 euros para la obtención de los títulos de camarero y cocinero, además de 877,80 euros, en concepto de tasas para la realización de un grado superior de hostelería que nunca llegó a realizar. A estas cantidades se suman otras más pequeñas por convalidar títulos extranjeros de grado superior de dietética y titulo de bachiller, confeccionando certificaciones totalmente inválidas.

Algunas de estas cantidades, según recoge el fiscal, ya han sido devueltas por el acusado.

Además de los seis años de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante el tiempo de la condena, la Fiscalía solicita al acusado el pago de una multa por valor de 4.320 euros, así como el pago de las costas judiciales en su totalidad.