La Comisión contra la Impunidad en Guatemala pide más tiempo para terminar su labor

Naciones Unidas, 24 feb (EFE).- El responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, abogó hoy por la renovación del mandato del organismo para que pueda completar su labor.

El jurista español señaló que la debilidad de las instituciones judiciales guatemaltecas y el fuerte arraigo del crimen organizado en el país centroamericano aconsejan renovar el mandato de dos años de la CICIG cuando éste finalice el próximo septiembre.

"Parece que la tarea es ingente, que estamos ante situaciones de instituciones gravemente disfuncionales, y que dos años es insuficiente", afirmó Castresana en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Recordó que el acuerdo firmado por Guatemala con la ONU en 2006 permite la renovación por otros dos años del mandato de la comisión, en caso de que las dos partes estén de acuerdo y se consiga la financiación necesaria.

"La tarea es posible. Pese a que las dificultades son enormes, puede hacerse. Ese es el contexto en el que supongo que en las próximas semanas o los próximos meses, las dos partes del contrato, más los donantes, tendrán que decidir si vale la pena aplicar los dos años adicionales", señaló.

Castresana aseveró que a partir de enero de 2008, después de un período inicial invertido en la organización de la CICIG, sus miembros han conseguido "avances sustanciales" en contra de los engranajes criminales que han postrado al sistema judicial guatemalteco.

Dijo que la depuración llevada a cabo en la policía nacional resultó en el despido de los responsables de unas 50 comisarias y de unos 1.700 agentes considerados "indeseables".

Así mismo, señaló que se ha producido el relevo del fiscal general del país y de otros diez fiscales jefes regionales por la misma razón.

"Hemos conseguido que, si no toda la Policía Nacional civil, al menos la parte que trabaja con nosotros, al igual que el ministerio público que colabora con nosotros, sea funcional. Están haciendo buenas investigaciones, estamos resolviendo casos de secuestros y de delitos muy graves", valoró.

El jurista advirtió de que las "organizaciones criminales trasnacionales" que amenazan la seguridad de los guatemaltecos han conseguido infiltrarse en el Gobierno, la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil.

"Son como una mancha de aceite que se ha extendido por toda la sociedad", apuntó.

Estas organizaciones alimentadas por el narcotráfico aprovechan las "estructuras clandestinas" dentro del Estado que durante el largo conflicto armado interno guatemalteco cometieron y ocultaron las violaciones de los derechos humanos para actuar con impunidad, señaló.

Por ello, el 98 por ciento de los delitos que se cometen en Guatemala está sin resolver, destacó.

Así se explica, prosiguió, que de los 2.000 asesinatos de mujeres ocurridos entre 2005 y 2007 solamente 40 hayan terminado en condenas.

Castresana señaló que la CICIG ha recomendado numeroso cambios en la legislación guatemalteca, como la importación de Colombia de mecanismos de protección de testigos, la autorización de escuchas telefónicas o la creación de "juzgados especiales".

Esos nuevos tribunales ubicados en la Ciudad de Guatemala, permitirían a los jueces de jurisdicciones periféricas trasladar casos que en la actualidad quedan impunes por el temor de los magistrados a ser víctimas de sicarios, explicó.