La Comunitat apoya la financiación por responsabilidad pero no descarta tomar medidas jurídicas

Madrid.- La Comunitat Valenciana ha dado hoy su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica por responsabilidad y compromiso con sus ciudadanos, aunque no descarta tomar medidas jurídicas si se comprueba si el sistema conculca los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y suficiencia financiera.

Esta comunidad ha sido una de las cuatro que hoy tienen previsto adherirse al nuevo modelo de financiación, que el Gobierno de Francisco Camps ha ratificado en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma presidida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.

Tras la reunión, Sánchez de León ha asegurado que no han podido conocer la cifra exacta adicional que percibirá su comunidad en 2009, ya que inicialmente el Gobierno informó telefónicamente de que serían 878 millones de euros y hoy les han hablado de 857, pero en el documento de acuerdo figuran 872 millones.

Ahora, según la consejera, lo primero que hará el Gobierno autonómico es intentar determinar exactamente la cantidad y después solicitará a los servicios jurídicos que estudien si el modelo conculca algunos de los principios constitucionales, como la solidaridad, la igualdad, la lealtad institucional y la suficiencia financiera.

De ser así, la Comunitat Valenciana estudiaría las medidas jurídicas pertinentes. Ayer, la Comunidad de Madrid, que también suscribió el modelo, no descartó recurrirlo ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Como no podía ser de otra manera", la Comunitat Valenciana, ha dicho Sánchez León, ha aceptado hoy el sistema por "responsabilidad" y "compromiso" con sus ciudadanos, que no "pueden ser los perjudicados" por la "falta de rigor habida en todo el proceso.

Además, ha añadido la consejera, los responsables políticos tienen que actuar para que los ciudadanos dispongan de los servicios básicos.

No obstante, la Comunitat Valenciana no comparte los criterios del modelo, porque los establecidos "ad hoc" han querido atender los intereses de "determinadas" autonomías.

Ha subrayado también que en el sistema acordado no se atiende suficientemente el incremento de la población registrado en la Comunidad Valenciana desde 1999 y ha dicho que el modelo "sigue situando" a este territorio "a la cola" de la financiación per cápita.

"No es justo", pero "por cuestión de responsabilidad", el Gobierno valenciano "no podía negar ese ingreso extra" que supone el acuerdo, que "todavía no sabemos cuál es", ha indicado.

En este sentido, Sánchez de León se ha referido a las declaraciones del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y, en tono irónico, le ha dado la razón cuando dijo que la cantidad "no era importante".

"Parece ser que efectivamente ni para Alarte ni para el Ministerio es importante", ha dicho.

Una vez más, ha concluido la consejera, se trata de un "proceso oscuro, poco transparente en el que no tenemos una conciencia clara de cuándo y cuánto vamos a recibir este año para atender los servicios básicos de los ciudadanos".

Por ello, el Gobierno valenciano reclama "mayor rigor, mayor transparencia en la negociación y una financiación uniforme para todo el territorio español", en la que los criterios que se tengan en cuenta no beneficien más a una comunidad que a otra.