Se incrementan los controles

La costa se blinda ante los turistas que deciden viajar en pleno confinamiento

Agente de la Guardia Civil de Tráfico.
Agente de la Guardia Civil de Tráfico.
EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

Las retenciones en algunas salidad de ciudades horas antes de que comience la Semana Santa son un ejemplo de que el confinamiento parece que no va con todo el mundo cuando debería ser todo lo contrario desde que se decretara el estado de alarma. No son una ni dos las localidades costeras que han visto como su población se ha duplicado durante los fines de semana y ahora para evitar que esto siga sucediendo han decidido controlar el consumo de agua y la basura de los vecinos o instalar bloques de hormigón en los accesos para evitar la llegada de visitantes a sus segundas residencias.

El éxodo a las playas y los pueblos de ciudadanos procedentes de las grandes ciudades fue un comportamiento especialmente reprobado al inicio de la pandemia y, aunque en la cuarta semana de confinamiento es algo prácticamente residual, las autoridades siguen apelando a la responsabilidad de todos en vísperas del Jueves Santo. Los controles en las carreteras se han reforzado desde el pasado viernes para evitar esos desplazamientos, algunos municipios han pedido intensificar la vigilancia y otros han implantado sus propias medidas para cerrarse ante los visitantes.

"Os encontraréis Calafell blindado", indicó el alcalde de esta localidad tarraconense, Ramon Ferré, donde, como en Peñíscola (Castellón), se han instalado barreras de hormigón en algunos de sus accesos como medida adicional a las habituales. Alcossebre ha cortado "todos sus accesos" excepto la entrada principal a esta localidad costera de Castellón con gran cantidad de segundas residencias, y Benicarló intensificará los controles para evitar llegadas de propietarios de estas viviendas utilizadas en vacaciones con motivo de la llegada de la Semana Santa.

También lo hizo Almonte (Huelva), si bien el Ayuntamiento ha retirado los bloques que instaló en los accesos a la aldea de El Rocío a instancia de la Subdelegación del Gobierno y de la Dirección General de Tráfico, por no ser competente. En Murcia, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha advertido este miércoles que, además de los controles en las carreteras, se emplean otros métodos para saber si se están ocupando segundas residencias, como el control en el consumo de agua o la recogida de basura. "No se trata de estigmatizar a nadie", ha precisado Luengo, sino de proteger la salud pública.

Salou (Tarragona) también ha decidido controlar el acceso a urbanizaciones mediante el consumo de agua, mientras que en Mont-roig del Camp, en la misma provincia, la Policía ha decidido recurrir a un dron para detectar vehículos que quieran esquivar los controles, la misma medida que ha tomado Gandía (Valencia).

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) decidió ya a finales de marzo dejar abierto con un control solo uno de los accesos a la ciudad para comprobar que se cumplen las restricciones a la movilidad, y el de Roquetas de Mar (Almería) ha advertido de que cuenta con sistemas de videovigilancia en todas las entradas. En otras localidades, como Mazarrón (Murcia) o Astudillo (Palencia), se han dictado bandos municipales para recordar que no es momento para acudir a la segunda residencia, sino de respetar a los vecinos confinados.

Muchos de los municipios costeros de la provincia de Cádiz, como Rota, Chipiona, Barbate o Vejer, también han informado del refuerzo de las medidas de control, dejando un solo acceso, y vigilado, a las principales urbanizaciones turísticas. A las peticiones de los ayuntamientos a sus vecinos de temporada para que esta Semana Santa se abstengan de visitarles, se unen también las de las fuerzas de seguridad y la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Guardia Civil ha recordado que incumplir las normas tiene "serias consecuencias" e incluso repercusiones penales en situaciones graves, y ha avisado de que los agentes serán "contundentes". Incumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma puede acarrear desde multas de 100 euros, que se elevan de 601 euros a 30.000 si la infracción es grave, hasta una pena de tres meses de cárcel si se incurre en un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.

Las fuerzas de seguridad elogian cada día la disciplina de la gran mayoría de la población, pero no ocultan que sigue habiendo "irresponsables". Son casos puntuales, reconocen a Efe responsables políticos y policiales de varios municipios de la provincia de Valencia, pero se está constatando la llegada de nuevos visitantes al detectar coches aparcados a las puertas de chalés, aumento de compras en los supermercados de determinadas urbanizaciones y más residuos en las papeleras del litoral.

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