La defensora del pueblo reclama un registro de menores inmigrantes no acompañados

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, denunció este jueves que las comunidades autónomas cada vez realizan más pruebas para determinar la edad de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España, aunque tengan un pasaporte de su país que determina que aún no han cumplido los 18 años.
Cava de Llano realizó esta aseveración en la inauguración de una jornada de trabajo sobre la determinación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados, celebrada en Madrid.
Además, apuntó que la ley de extranjería de 2000 establece que sólo se puede realizar la prueba para determinar la edad cuando se localice a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede ser establecida con seguridad.
Cava de Llano señaló que, según datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado llegaron a España 475 menores extranjeros en cayuco, por los 995 de 2008, los 1.172 de 2007 y los 1.378 de 2006.
Subrayó que el número de expedientes para determinar la edad ha bajado un 17%, lo que "no se corresponde" con el "notable descenso de las llegadas de menores por vía marítima".
Esta situación ha motivado que la Defensora del Pueblo haya recibido quejas y la preocupación de esta institución, según indicó Cava de Llano, que reclamó un registro de menores no acompañados para evitar la "inseguridad total" de este colectivo
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La Defensora del Pueblo indicó que el panorama actual ha cambiado "mucho" desde que en 2006 se produjera una "llegada masiva y sostenida de cayucos a las costas canarias" y, por tanto, de menores extranjeros no acompañados.
Así, los menores proceden mayoritariamente de países subsaharianos y no de Marruecos y "se ha incrementado notablemente el número de expedientes de determinación de la edad realizado a mujeres africanas indocumentadas que, en muchos casos, ni siquiera alegan ser menores de edad", lo que preocupa a la Defensora del Pueblo porque esta institución ha encontrado "varios casos de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual".
Además, la Defensora del Pueblo consideró "significativo" el número de expedientes de menores subsaharianos con pasaporte y que, según la comunidad autónoma donde residan, reciben un tratamiento de menor o mayor de edad.
"La persona indocumentada o que exhibe documentos de identidad, de cuya fiabilidad se duda, no ha cometido delito alguno", apostilló.
Por todo ello, Cava de Llano abogó por "unificar criterios" entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia, es decir, todas salvo Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, además de Ceuta y Melilla.