Pau Miranda
Islamabad, 11 dic.- Pakistán ha vivido en 2012 los efectos de una profunda crisis institucional que enfrenta de manera casi endémica a los poderes del Estado y que desembocó en junio en la inhabilitación del primer ministro por desacato al Tribunal Supremo.
El llamado 'episodio de la carta suiza', cerrado hace apenas unos días, fue el trasfondo de un choque frontal entre la judicatura y el partido de Gobierno, que, con el apoyo de su coalición parlamentaria, lanzó un órdago al Supremo.
El pulso tuvo su punto álgido en junio, cuando los jueces decretaron que el entonces jefe de Gabinete, Yusuf Razá Guilani, tenía que abandonar su cargo a raíz de su condena por desacato, ocurrida dos meses antes tras su negativa a enviar una misiva.
La controvertida carta tenía como fin informar a las autoridades suizas de que Pakistán retiraba su objeción al proceso judicial abierto en el país alpino contra el presidente, Asif Alí Zardari, por el blanqueo de millones de dólares procedentes de sobornos.
La formación de Zardari -el Partido Popular de Pakistán (PPP)- capeó el temporal con el accidentado nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno, Rajá Pervez Ashraf, e intentó blindarse con un ley de desacato hecha a medida.
El Alto Tribunal declaró nula la nueva norma impulsada por el Gobierno y amenazó al nuevo primer ministro con seguir el camino de su predecesor si no obedecía la orden judicial y permitía la reapertura del caso de corrupción contra Zardari.
Tras meses de tira y afloja, el Gobierno dio por fin su brazo a torcer y el titular de Justicia, Faruq Naek, dijo el pasado 14 de noviembre que había cumplido la orden de enviar la polémica carta.
Con ese envío -tras numerosas comparecencias en el Supremo e inacabables debates sobre la primacía de la justicia en Pakistán- el Tribunal retiró la advertencia de desacato sobre el primer ministro.
El caso de la 'carta suiza' ha puesto de manifiesto la absoluta judicialización de la política paquistaní, de la que es en gran parte responsable el jefe del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry.
Su destitución temporal en 2007 a manos del dictador Pervez Musharraf y el consiguiente enfrentamiento con el Alto Tribunal fue una de las espoletas que provocó el cambio de régimen y la llegada de un Gobierno democrático tras los comicios de 2008.
Antes de dejar su puesto, Musharraf dictó -bajo presión de la comunidad internacional- una amnistía que permitía la vuelta al país de la heredera de la gran saga política del país, Benazir Bhutto, y de su marido y actual presidente, perseguidos ambos por corrupción.
En 2009 el Tribunal Supremo -con Chaudhry otra vez al mando- derogó la amnistía y el pasado enero recordó de forma tajante al Gobierno que debía cumplir sus órdenes, incluyendo la reapertura del caso contra Zardari.
El jefe de la judicatura también ha tomado cartas respecto a la incesante violencia que azota el país en diversas formas, ya sea por ataques talibanes, atentados -casi siempre impunes- contra la minoría chií o asesinatos selectivos en la meridional Karachi.
El Supremo ha dejado casi en suspenso los poderes del Gobierno regional de Baluchistán, provincia occidental donde la escalada de violencia -con la participación de grupos separatistas e integristas radicales-, se une a continuos abusos de las agencias de seguridad.
El Tribunal también ha ordenado a las autoridades y fuerzas de seguridad que detengan la imparable espiral de asesinatos selectivos en Karachi, el pulmón financiero del país que se hunde cada vez más en un caos fomentado por rivalidades políticas, étnicas y mafiosas.
La renqueante democracia paquistaní recuperó en 2008 su curso tras una sangrienta campaña que se cobró la vida de Benazir Bhutto, pero los efectos de la falta de madurez institucional se han dejado sentir durante una legislatura que está a punto de expirar.
Los paquistaníes acudirán a las urnas en los próximos meses y el Supremo parece haber dado un respiro al Gobierno, pero la crisis institucional que enfrenta a los tres grandes poderes del país (ejecutivo, judicial y militar) parece aguardar un nuevo capítulo.
Tras un 2011 marcado sobre todo por la crisis en las relaciones exteriores, con los lazos con Washington bajo mínimos, Pakistán ha tenido este año que volver su mirada hacia el interior en busca de la ansiada consolidación de sus cimientos democráticos.
El pasado enero, poco antes de que se iniciara el proceso en su contra, el depuesto primer ministro Guilani plasmó en una frase la percepción generalizada sobre las instituciones en este país: "El único puesto estable es el de Alá".
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