Lejos de su feudo de Dresde (este), los "Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente" convocaron una concentración a partir de las dos de la tarde (13H00 GMT) delante de la estación de Colonia bajo el lema "Pegida protege".
En su página de Facebook, el movimiento creado en otoño de 2014 asegura no "instrumentalizar" los robos y violencias sexuales de la noche de San Silvestre, que ya han dado pie a unas 200 denuncias según el semanario Der Spiegel.
Pero su fundador, Lutz Bachmann, posaba sonriente esta semana en su cuenta de Twitter, con una camiseta que proclama "Rapefugees not welcome", juego de palabras con el mensaje de bienvenida a los migrantes para acusarlos de violadores.
La manifestación de Pegida, a la que podrían acudir un millar de personas y a la que se opondrán contramanifestaciones de izquierda, ilustra la dimensión muy política que han tomado rápidamente en el país estas agresiones cometidas en grupos.
La falta de informaciones claras sobre la investigación y la inacción de las fuerzas del orden la última noche del año contribuyeron el viernes a la destitución del jefe de la policía de Colonia, Wolfgang Albers.
La policía federal identificó a 32 sospechosos, incluyendo a 22 solicitantes de asilo, y contabilizó 76 infracciones, entre ellas 12 de carácter sexual, entre ellas 7 agresiones físicas, indicó la noche del viernes el Ministerio de Interior en una actualización del balance.
La policía de Colonia, que moviliza por su parte a un centenar de investigadores para explotar entre otros indicios 350 horas de grabaciones de video, tiene por su parte a 16 sospechosos de los que no ha facilitado ninguna precisión.
Un portavoz indicó solamente que "en ciertos casos", el rastro de los teléfonos móviles robados la noche de San Silvestre condujo "a centros de acogida de solicitantes de asilo o a sus proximidades inmediatas".
Más allá de las insuficiencias policiales, el debate se concentró rápidamente en las consecuencias de los acontecimientos para la política de acogida de refugiados de la canciller Angela Merkel cuando el país ha visto llegar en 2015 1,1 millones de solicitantes de asilo.
El diario conservador Die Welt aseguró este sábado que el 6 de enero, día en que se revelaron las violencias de Nochevieja, "marca el principio de un giro de la política de inmigración", destacando "las ventajas y los peligros de una inmigración masiva que procede sobre todo de países musulmanes".
La coalición en el poder en Berlín intenta mandar un mensaje de firmeza insistiendo en procedimientos de expulsión facilitados para las solicitantes de asilo delincuentes.
La propia Merkel ha ido endureciendo su discurso esta semana. El viernes consideró que aún llegan "demasiados" refugiados al país.
La ley alemana impone actualmente una condena de al menos tres años de cárcel para permitir la expulsión de un solicitante de asilo durante el examen de su caso, con la condición de que su vida o su salud no se vean amenazadas en su país de origen.
"Debo decir que para mí se debe perder antes [el permiso de residencia]" de lo previsto en la legislación actual, estimó Merkel.
La CDU debería pronunciarse este sábado a favor de una pérdida del derecho de asilo incluso en casos de condena condicional. "Colonia lo ha cambiado todo, la gente duda", declaró Volker Bouffier, vicepresidente del partido, durante una reunión de la formación en Maguncia, en el suroeste de Alemania.
Una especie de competición parece haberse instaurado dentro de la coalición gubernamental en torno a este tema entre la CDU y los socialdemócratas, cuyo presidente Sigmar Gabriel sugirió devolver a sus países a los refugiados condenados para que purguen allí sus penas.
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