La Junta CyL registrará a los irregulares como "asegurados especiales"

Valladolid, 1 sep.- La Junta de Castilla y León ha reiterado hoy su intención de atender en sus centros sanitarios a todas las personas que lo necesiten y ha anunciado que los inmigrantes en situación irregular formarán parte de un registro de "asegurados especiales" y se les facturará el servicio.

Este estatus les permitirá tener su historia clínica, pedir cita con el médico y enfermera que se les asigne, estarán incluidos en la campaña de vacunación de la gripe y accederán a todas las pruebas diagnósticas previstas en Atención Primaria (203).

El consejero de Sanidad, Antonio Saez, ha detallado durante la presentación del sistema que seguirá Castilla y León para atender a los inmigrantes irregulares que el impago de las facturas por parte de estas personas no supondrá la retirada de la prestación del servicio en ningún caso.

Saez ha explicado que para preservar la salud colectiva, los centros sanitarios atenderán "a cualquier persona que padezca una enfermedad transmisible" y que, en estos casos, el paciente tendrá que realizar una "aportación muy reducida" al coste de los fármacos recetados, excepto en el caso de pacientes de sida, que recibirán medicinas de la farmacia hospitalaria y quedarán por tanto exentos de pagar.

En el caso de la Atención Especializada, el consejero ha explicado que se atenderán todas las situaciones que puedan suponer "algún riesgo vital para el paciente", aunque se facturarán tratamientos tan costosos como los tratamientos de diálisis, oxigenoterapia en domicilio y tratamientos contra el cáncer.

El consejero ha explicado que, para determinar la situación económica de los pacientes que carezcan de tarjeta sanitaria, recurrirán a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y se ofrecerá y facilitará a los inmigrantes la suscripción del convenio de atención sanitaria previsto por el ministerio.

En el caso de que no exista este convenio, la Junta remitirá la factura a los países de origen de los pacientes, si es que tienen convenio de reciprocidad con España -actualmente los estados miembro de la UE más Brasil, Chile, Andorra, Ecuador, Perú y Marruecos- y en última instancia se pasará la factura el propio paciente, aunque en la mayor parte de los casos la Administración asume que quedarán como impagados.

La consejería prevé que el Ministerio de Sanidad envíe hoy mismo una base de datos en la que se aclarará qué ciudadanos que tienen actualmente tarjeta sanitaria a pesar de estar en situación irregular en España pierden este derecho -entre 4.500 y 5.000 según las estimaciones de Sanidad-, aunque hasta que funcione este registro los médicos tienen orden de la Consejería de seguir atendiendo de igual manera que hasta ahora a todos los ciudadanos.