La ley de parques nacionales inicia hoy su andadura en el congreso

El proyecto de Ley de Parques Nacionales comienza este jueves su tramitación parlamentaria con el debate de totalidad que celebrará el Pleno del Congreso de los Diputados, ya que el PSOE, CiU, La Izquierda Plural y el BNG han pedido que el texto sea devuelto al Gobierno.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defenderá el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de enero ante las enmiendas a la totalidad presentadas por cuatro grupos parlamentarios.
Actualmente, España cuenta con 15 Parques Nacionales, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre Madrid y Castilla y León, tras una tramitación de 10 años y que concluyó el pasado junio.
El Gobierno afirma que el proyecto de ley prohíbe la caza, la pesca y la tala comercial en estos espacios protegidos, aunque organizaciones ecologistas mantienen que facilita la actividad cinegética camuflándola con autorizaciones destinadas al control de poblaciones.
El texto asegura la conservación de los parques nacionales, implanta un nuevo modelo con el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.
EMERGENCIAS POR INCENDIOS
El texto incluye como importante novedad que introduce la posibilidad de intervención estatal en los parques nacionales, coordinada con las comunidades autónomas, en caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural y para evitar daños irreversibles.
En este sentido, atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la potestad de declarar una emergencia, bien por propia iniciativa o a petición de las comunidades autónomas, lo que en el caso de incendios forestales de gran magnitud supone la obligación de las autoridades competentes de movilizar coordinadamente todos los medios humanos y materiales disponibles para restablecer la normalidad.
Por otro lado, el proyecto establece requisitos más exigentes para la declaración de un nuevo Parque Nacional. En los peninsulares marítimo-terrestres, por ejemplo, se incrementa con la futura ley desde las 15.000 hectáreas actuales hasta las 20.000 hectáreas.
Asimismo, se ocupa también del desarrollo sostenible en las comarcas donde se ubican los Parques Nacionales, mantiene el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la creación de ‘empleo verde’.
La caza deportiva y comercial, así como la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales, serán incompatibles en los parques nacionales y, por lo tanto, no se podrán desarrollar en estos espacios, si bien se permitirán las actividades cinegéticas en “los casos de control de poblaciones y de restauración de hábitats”.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Por otro lado, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de la norma por entender que “resulta absolutamente innecesaria”, ya que la ley actual, aprobada en 2007, “se ha aplicado razonablemente, no ha generado conflictos, ha permitido que los parques nacionales se hayan conservado” y ha propiciado la declaración de un nuevo espacio verde protegido, el de Guadarrama.
Además, señala que en el proyecto del Gobierno “se abren nuevos usos, privatizaciones y ventanas a la explotación económica” de los parques nacionales, como “cacerías privadas y comerciales o que se puedan construir viviendas dentro de los parques nacionales ya declarados porque es posible declararlos como urbanizables”, así como la navegación, el vuelo y “quizás otros deportes o actividades lúdicas”.
Por su parte, CiU afirma en su enmienda de totalidad que el texto es inconstitucional porque “va más allá” de las competencias estatales “sin respetar el ámbito de competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de espacios naturales protegidos”.
La enmienda de totalidad de La Izquierda Plural señala que la reforma presentada por el gobierno es “innecesaria” y realizada “al servicio de las peticiones de grupos con intereses económicos” en los parques nacionales, puesto que “deja la puerta abierta a la urbanización y edificación en el interior” de estos espacios protegidos, y permite “la navegación turística en el Parque de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de Guadarrama”, así como que permite la caza “de forma descontrolada o sin seguir los controles adecuados”.
Por último, BNG ve “un retroceso” en el proyecto de ley de parques nacionales porque avanza “hacia una explotación comercial de determinadas actividades y privatización de servicios en dichas zonas de un enorme valor ambiental”.