La litigiosidad desciende un 5,4 %, en parte debido a las tasas judiciales

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 22 jul.- La litigiosidad ha descendido un 5,4 por ciento en el primer trimestre del año debido a la aplicación de las tasas judiciales y a otras medidas, ha manifestado hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Ha sido el ministro el encargado de inaugurar el curso de verano de la Universidad Complutense "Justicia y sociedad" que, organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura, analizará durante esta semana las reformas en materia de Justicia.

Gallardón ha aportado algunos datos sobre la evolución de la litigiosidad, que en lo contencioso-administrativo se ha reducido hasta un 21 por ciento, mientras que en general la bajada ha sido del 5,4 por ciento.

El ministro no ha querido atribuir este descenso sólo a la aplicación de las tasas porque se necesita tiempo para comprobar todos sus efectos, pero no ha dudado en afirmar que algo han contribuido, al igual que otras de las reformas en marcha.

De todos modos, la litigiosidad en España sigue siendo alta. Tanto es así que, según los datos aportados por el ministro, es un 50 por ciento mayor que en Francia, país con diez millones de habitantes más que el nuestro.

Además, en España se recurre mucho a la segunda instancia, que se utiliza a veces como un sistema de "dilación" más que de búsqueda de una resolución judicial distinta a la primera, ha subrayado.

En este sentido, Gallardón ha recordado que el 72 por ciento de los recursos que resuelven las audiencias provinciales confirman la decisión de la primera instancia y el 93 por ciento de los que falla el Supremo ratifican las sentencias de los tribunales superiores de justicia.

Ruiz-Gallardón se ha referido también al modelo de financiación de la Justicia en España y ha dicho que a cada español le cuesta 1.300 euros cada vez que un particular solicita un pronunciamiento judicial.

Un modelo que en nuestro país todavía no es mixto -no se sufraga al 50 por ciento vía impuestos y por parte del litigante-, sino que en un 90 por ciento el coste de la Justicia lo pagan todos los españoles con sus tributos y sólo el 10 por ciento con las tasas.

Frente a esta situación, en Alemania el litigante sufraga el 40 por ciento del coste; en Austria el porcentaje alcanza el 110 por ciento, por lo que hay una parte que puede destinarse a otros servicios públicos, como educación o sanidad, y en la UE la media es el 30 por ciento.

Ha aprovechado Gallardón para defender las reformas previstas por su departamento y ha aseverado que "esta vez van absolutamente en serio y se van a hacer" con la colaboración de la sociedad.

La Justicia, según el ministro, necesita una reforma para que España deje de estar en el puesto 63 en el baremo mundial de eficacia en esta materia cuando es la cuarta economía de la zona euro, la quinta de Europa y la duodécima del mundo.

Gallardón ha valorado la "altísima calidad" del factor humano en la Justicia española y ha calificado de "auténticas joyas" muchas de las sentencias judiciales, pero ha reconocido la lentitud a la hora de dictaminar y de reponer la lesión causada al afectado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de determinar los motivos por los que la Justicia es lenta y ha señalado que no se trata de un problema presupuestario, ya que España es el tercer país de la UE con mayor presupuesto en términos de Producto Interior Bruto (PIB), en concreto el 0,36 por ciento.

Tampoco, a su juicio, es un problema de plantilla insuficiente porque España se sitúa en mitad de la tabla de la UE en número de jueces por habitante.

Por ello, no se trata tanto de gastar más dinero, sino de analizar los "vicios" del modelo actual y de corregir sus defectos.

El Ministerio, ha dicho Gallardón, está dispuesto a afrontar "auténticas medidas de verdad para alcanzar la eficiencia" y llevará a cabo las reformas previstas en esta legislatura, aunque sus frutos tarden más tiempo en verse.

Y todo ello, ha concluido el ministro, sin olvidar lo más importante: garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. EFE

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