El año en que le echaron de Apple, Steve Jobs tuvo un encuentro con Paul Berg, bioquímico de la universidad de Stanford, quien le expresó sus preocupaciones con los experimentos en biología y genética porque se tardaba mucho en obtener resultados. “¿Por qué no hacen simulaciones en un ordenador?”, preguntó Jobs. La respuesta de Berg fue que los ordenadores de gran capacidad eran muy caros. Entonces Jobs empezó a madurar una vieja idea. ¿Por qué no fundar una empresa que fabricase ordenadores para los científicos de las universidades? Así nació Next, una estación de trabajo de gran potencia, que se convertiría en el ordenador especial para realizar cálculos complejos y gráficos.
La idea de que una empresa privada colabore con una universidad es algo tan natural en EEUU como las hamburguesas. Miles de empresas dan millones de dólares cada año a las universidades como parte de la actividad de sus fundaciones, especialmente para investigar. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las corporaciones estadounidenses daban dinero para la investigación en universidades. Durante la guerra se incrementaron esos fondos debido a las necesidades que había de encontrar nuevos materiales o productos que pudieran ayudar a la guerra. Después de la contienda continuó esa costumbre, que decayó con los años.
Pero a partir de los años setenta, esa actividad investigadora consiguió más fondos privados porque las empresas se dieron cuenta de que había un conocimiento por explorar en las tecnologías de la información y en el área biofarmacéutica. Una de las iniciativas que más ayudó en los fue la Ley Bayh Dole de 1980. Según cuenta Robert D. Atkinson, presidente de la Fundación para la Innovación y las Tecnologías de la Información, la ley otorgó a las universidades derechos sobre la propiedad intelectual generada con fondos estatales. Eso a su vez impulsó a muchas universidades a trabajar más estrechamente con la industria.
Durante la administración Reagan la National Science Foundation puso en marcha nuevos programas de asociación de la industria como el programa del Centro de Investigación de Ingeniería, y a su vez los estados por su cuenta desarrollaron centros de investigación universidad-industria para hacer crecer las empresas orientadas a la tecnología. “Como resultado, la proporción de investigación universitaria financiada por la industria aumentó del 4,9% en 1980 a un máximo del 7,4% en 1999”, dice Atkinson. En 2016, la industria financió solo el 5,9% de la investigación académica de EEUU.
En Europa ese fenómeno no es desconocido. En Alemania, las empresas automovilísticas tienen departamentos universitarios enteros dedicados a la investigación como lo hace BMW con la universidadades de Deggendorf, Esslingen, Ingolstadt y Landshut.
El mejor ejemplo reciente conocido en Europa es el de la vacuna AstraZeneca, fruto de la cooperación de esta empresa anglosueca con la Universidad de Oxford. Desarrollaron una vacuna en tiempo récord gracias a la colaboración público-privada.
En España, uno de los mejores ejemplos es la Universidad de Navarra. Tiene un método muy probado de colaboración con las empresas que explican con sencillez en su página web: “La empresa se pone en contacto con el Servicio de Gestión de investigación y manifiesta su demanda. El servicio selecciona al equipo de investigadores expertos en esa área, para que conjuntamente puedan definir la memoria del proyecto a desarrollar. El servicio envía un borrador de contrato en el que se definen las condiciones técnicas y económicas. Tras alcanzar un acuerdo entre las partes en la redacción del contrato, se procede a la firma del mismo y al inicio de las actividades definidas”. Quizá por ello, en el área de Farmacia, la Universidad de Navarra está reputada como la mejor de España.
No es el único caso, por supuesto. Pero los resultados de estas investigaciones para fines científicos demuestran la importancia de la colaboración empresa-universidad en cualquier parte de España. Lo sorprendente es que lo que ha preocupado más a la opinión pública del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) parece que es el tipo de contrato a los profesores, el sexo de los aspirantes, la elección del rector y algunas cosas más. Pero apenas se ha hablado de la colaboración universidad-empresa, que es clave para la investigación. En este caso, universidad pública-empresa privada.
¿Cómo es el panorama de la investigación universitaria? El 73% de los profesores son doctores, lo cual les otorga ya un estatus de investigadores, según el informe "La universidad españolas en cifras" (CRUE). Pero solo el 18% de ellos se dedica a la "transferencia de conocimiento", según dicho informe. En concreto se refiere a las OTRIs, las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación. Se crearon entre 1988 y 1991 dentro del llamado Plan Nacional de I+D y sus unidades debían de establecer relaciones entre la universidad y la empresa. Lo que pasa es que las famosas unidades de OTRI, como dice el informe CRUE, se han concentrado “en el apoyo a la gestión administrativa de proyectos y contratos de I+D+i” pero deberían tener "una concepción estratégica más comercializadora de las capacidades del conocimiento de la universidad en relación con el tejido productivo". Es decir, crear cosas útiles para la industria.
El informe plantea un cambio radical en las políticas públicas de I+D+i, y se refiere sobre todo a cambiar la gestión de los contratos de las universidades con las empresas, y que se obtengan resultados, pero que esos contratos no se mueran por “la rigidez de gestión del gasto propio de una administración pública”.
La forma de investigar en España quizá aclare por qué las universidades no logran convertir el conocimiento en cosas útiles. España es uno de los países europeos que produce más documentos científicos. Numéricamente es el cuarto país. Eso daría la impresión de que este país investiga mucho. El problema es que una enorme porción de esos artículos científicos puede dormir tranquilamente en los cajones porque la humanidad no los echa de menos. En España se escribe mucho, pero de cosas sin relevancia científica. Basta consultar los títulos de los artículos en los índices de las revistas científicas, sobre todo de las ciencias sociales, para ver cuánto tiempo ha perdido el investigador en narrar los conflictos interculturales en Bollullos del Condado. Y cosas peores.
Muchos profesores-doctores luchan por publicar sus artículos en revistas renombradas. Creen que cuantos más artículos publiquen, aumenta su prestigio. En parte es verdad. Su error es que muy pocos logran ser citados internacionalmente. Si no les citan es porque han realizado una investigación irrelevante. “Producimos entre todos un 99% de ciencia de escaso impacto y con poco potencial para la transferencia tecnológica: la morralla”, decían en un diario digital los científicos españoles Christian Gortázar y José de la Fuente que se incluían en la lista.
Hay dos pruebas irrefutables de la poca calidad científica de nuestras universidades y de nuestro país. La primera es la escasa presencia de las universidades españolas en los rankings mundiales de “mejores universidades del mundo”. Solo hay 12 entre las mejores 500. Pero hay algo peor, la mejor situada que es la de Barcelona, está en la horquilla de 150 a 200. ¿Y qué factores se emplean para valorar el prestigio de una universidad? Fundamentalmente cinco: docencia, investigación, citas (influencia de la investigación), ingresos de la industria y perspectivas internacionales.
La segunda prueba de la débil relevancia científica es que la última vez que España obtuvo un premio Nobel en alguna rama de la ciencia fue el Nobel de Medicina y Fisiología concedido a Severo Ochoa en 1959 por sintetizar el ARN. Hace 62 años.
Tampoco parece ser un valor propio de este Gobierno facilitar la colaboración de las empresas privadas con equipos de investigadores públicos
Tampoco parece ser un valor propio de este Gobierno facilitar la colaboración de las empresas privadas con equipos de investigadores públicos. Dado el magnetismo que ejerce para algunos ministros (y ministras) la palabra “público”, y cómo desprecian todo lo que tenga que ver con lo “privado”, se explica por qué la nueva Ley no vaya a revolucionar los pilares de la universidad, salvo en burocracia y nombramientos.
Una de las cosas que debería promover una Ley Universitaria es un cambio en los métodos docentes. En la era de la cultura 'tiktoker' y 'youtuber', con una lluvia de entretenimientos instantáneos que se cuela por el teléfono móvil de los estudiantes y moldea sus sistemas cognitivos, muchos profesores apenas logran captar la atención de los alumnos a pesar de su esfuerzo y de su sabiduría. Para los estudiantes, esos profes son aburridos. Parte de la culpa la tienen los sistemas educativos teóricos que no han incorporado las prácticas más elementales para la carrera. Un profesor de periodismo, veterano reportero, preguntó a los alumnos de cuarto de carrera en el primer día de clase si habían escrito alguna nota de prensa. Unánimemente la clase respondió que no. ¿Qué habían hecho en los tres años anteriores? Habían aprendido teorías de casi todo.
Por el lado de las empresas, España tampoco es un ejemplo. Uno de los escollos tradicionales del I+D en España es que las empresas no muestran gran interés por la innovación. El Informe COTEC 2019 (Fundación COTEC) sobre la innovación en España ya señalaba la escasa participación de las empresas. "El sector público financia aproximadamente el 90% de la inversión en I+D del sector de enseñanza superior, evidencia de la limitada colaboración público privada", dice el informe. Según el INE, en 2011 había 20.487 empresas con actividades innovadoras, y en 2016 fueron en 15.648 en 2016, es decir, una reducción del 24%,
Hay muchas empresas conocidas que aportan fondos para la investigación como Santander pero, tomado en conjunto, el sector empresarial no muestra una gran preocupación por la investigación científica de verdad. La filantropía y el mecenazgo son para muchas de esas instituciones una especie de banderolas para aumentar su prestigio en los índices de Responsabilidad Social Corporativa con los “stakeholders”, y hacen una gran labor con programas de becas, pero eso son cosas de algunas pocas del Ibex. La pyme española cree que no necesita I+D.
España gasta anualmente más de 9.000 millones de euros en sus universidades públicas. Casi el 70% son salarios; el 14% son bienes y servicios. Es una cantidad considerable de la que no se ven grandes resultados. Cuando veamos a las universidades españolas ganar puestos en las clasificaciones mundiales, a muchos científicos citados entre los más prestigiosos y que caiga un premio Nobel en el área de la ciencia, significará que se han hecho las cosas bien. Pero parece que no vamos por ese camino con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.
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