Ginebra, 5 may.- Costa Rica debe combatir la violencia machista y la explotación sexual de menores, mejorar la protección a los inmigrantes y luchar contra la discriminación racial, señalaron hoy varios miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Costa Rica se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos, a la que están sometidos todos los miembros de las Naciones Unidas.
Esta es la segunda vez que Costa Rica realiza el EPU desde que se estableció este sistema.
La viceministra de Asuntos Exteriores y Culto, Gioconda Úbeda Rivera, destacó que Costa Rica es la segunda nación de América Latina con mayor número de personas refugiadas después de Ecuador, y afirmó que el país "tiene las mejores prácticas en materia de integración de refugiados en la región".
Úbeda señaló que su país ha incluido la perspectiva de género como una de las causas por las que se reconoce la condición de refugiado, una decisión que fue saludada en múltiples ocasiones por los miembros del Consejo.
La viceministra dijo que es prioritario "continuar con sus esfuerzos por integrar una perspectiva de género en todas las esferas", algo que los miembros agradecieron, aunque la mayoría destacó las lagunas que aún persisten y recomendaron que el país haga más énfasis en luchar contra la violencia machista.
Pidieron acciones concretas en este ámbito: Australia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia y Guatemala, entre otros.
Venezuela hizo mención a los abusos sexuales y la explotación sexual de niñas y denunció el alto número de embarazos en adolescentes, por lo que solicitó "más esfuerzos en esta área", una petición que también hizo expresa EE.UU. y Australia.
Estos dos últimos países, así como Francia y Alemania, solicitaron que se mejoren las instituciones penitenciarias, dado que la mayoría albergan un número de reos mucho más alto del que deberían.
Otro de los temas mencionados, especialmente por los países latinoamericanos, fue el trato que Costa Rica da a los trabajadores inmigrantes.
Todas las naciones que se refirieron a ese asunto pidieron a Costa Rica que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay hicieron especial hincapié.
Asimismo, los países latinoamericanos pusieron énfasis en solicitar a Costa Rica que haga más de lo que ya hace para luchar contra el racismo y la discriminación, tanto de indígenas y afrodescendientes, como de homosexuales, lesbianas y transexuales.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, entre otros, se refirieron al problema.
Costa Rica negó que los actos de xenofobia sean generalizados, y tachó de falacia que los nicaragüenses padezcan racismo institucional, tal y como insinuó Ecuador.
"Yo soy descendiente de nicaragüenses y ahora soy vicecanciller de mi país", confesó Úbeda, quien reconoció que "la existencia de un marco jurídico favorable no es suficiente para la protección de los derechos de las comunidades, si no está acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado se ha obligado".
El tráfico de personas, especialmente con fines de explotación sexual, fue otra de las preocupaciones más expresadas por los Estados miembros.
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