Las clínicas abortistas dicen que la nueva Ley es de "imposible cumplimiento"

  • Madrid.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha advertido hoy de que la nueva Ley del Aborto es de "imposible cumplimiento", al no haber establecido el Gobierno en su desarrollo reglamentario los "mecanismos mínimos" para realizar la intervención.

El Comité Clínico sobre enfermedades graves del feto dictaminará en diez días
El Comité Clínico sobre enfermedades graves del feto dictaminará en diez días

Madrid.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha advertido hoy de que la nueva Ley del Aborto es de "imposible cumplimiento", al no haber establecido el Gobierno en su desarrollo reglamentario los "mecanismos mínimos" para realizar la intervención.

Los centros abortistas lamentan, en un comunicado, que el "espíritu" de la reforma legislativa se ha visto "minado" por los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros.

ACAI duda de que las Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades consigan elaborar el contenido, editar el material y distribuir la información de carácter obligatorio que se entregará a las mujeres antes de abortar, "cuando tan sólo falta una semana para la puesta en vigor de la Ley".

En consecuencia, añade, "la mujer no podrá interrumpir su gestación por voluntad propia hasta la semana 14, vulnerando así uno de los principios fundamentales de la Ley".

Las clínicas denuncian que no se ha establecido ningún acuerdo ni concierto de derivación entre las Consejerías de las respectivas Comunidades y los centros acreditados, lo que significa que "no se han establecido los cauces que la mujer ha de seguir para poder acceder a la prestación de manera gratuita y en condiciones de equidad".

No obstante, ACAI anuncia que sus centros informarán a las mujeres de que tienen derecho a exigir la retribución de la prestación al Sistema Sanitario Público, facilitándoles asesoramiento, así como todas las facturas y justificantes que puedan necesitar para ello.

Otro problema es que los centros no podrán garantizar la confidencialidad de las afectadas porque el Ministerio de Sanidad no ha estipulado un sistema de codificación alternativo, pese a que éstos le ofrecieron un modelo que podría haber servido para ello.

Tampoco se ha definido "claramente" el cómputo sobre las semanas de gestación, es decir, si se debe contar "desde la fecha de la última menstruación o desde el inicio real del embarazo", lo que, según ACAI, deja a los profesionales sanitarios y a las mujeres en una situación de inseguridad jurídica.

Pese a que la normativa exige un nuevo modelo de consentimiento informado, éste no ha sido aún facilitado a los centros "abriendo con ello un nuevo agujero jurídico".

Las clínicas convocarán a sus vocales para estudiar las posibilidades reales de aplicar la norma el 5 de julio, fecha de su entrada en vigor, y para tomar las medidas oportunas.

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