La Lomloe o ley Celaá será aprobada definitivamente este miércoles en el pleno del Senado y será la octava ley educativa de la democracia. La ministra de Educación, Isabel Celaá, defenderá la norma en la Cámara alta antes de que se pase a debatir y votar los tres vetos presentados a la norma (PP, Ciudadanos y UPN) y las casi 700 enmiendas.
El pleno, que comenzará a las 9:00 horas, terminará en principio sobre las 20:00 horas con el resultado de la votación. La enseñanza concertada, los centros de Educación Especial, el castellano o la Religión son los principales puntos que han causado polémica y que han provocado movilizaciones convocadas desde la plataforma Más Plurales -se distingue por un lazo naranja- con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox.
Previsiblemente no saldrán adelante ni los vetos ni las enmiendas, una vez que la semana pasada la Comisión de Educación las debatiera y decidiera rechazar todas y no incluir ninguna en el texto que llegó desde el Congreso. Todos los grupos, excepto por PSOE, ERC-Bildu y PNV, presentaron enmiendas, algunas de forma transaccional por cinco grupos (PP, Izquierda Confederal, Grupo Mixto, Ciudadanos y Junts per Catalunya). Una vez aprobada la ley Celaá, debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Atrás quedan las numerosas protestas como la del pasado domingo por parte del sector de la educación concertada. Miles de personas salían a las calles de numerosas ciudades españolas para protestar contra la ley Celaá, una reforma educativa que consideran una "imposición" y un ataque a la libertad por parte del Gobierno, aunque este defiende la "equidad" y la "excelencia" como pilares de la norma.
Con el respaldo de partidos de oposición, caravanas de vehículos recorrían localidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Logroño, Pamplona y Málaga para rechazar una ley que, según han afirmado los organizadores de las convocatorias "restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivos", como han denunciado en la capital de España.
En él, los convocantes -la plataforma 'Más Plurales. Más Iguales. Más Libres'- critican que la ley llega "sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social" y con una tramitación parlamentaria "exprés" en la que "se ha vetado la participación de la sociedad civil".
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