Ley igualdad. La escuela privada, en contra de que los "centros diferenciados" pierdan su subvención

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) negó hoy que la educación diferenciada por sexos suponga una discriminación, como se desprende del proyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación aprobado este viernes en Consejo de Ministros.
Según este texto, los colegios que apliquen criterios de admisión en función del sexo (o de los demás aspectos contemplados en la norma) deberán perder las subvenciones que otorga el concierto educativo, aspecto al que CECE se opone totalmente.
En una nota de prensa, la patronal considera que no existe discriminación alguna en estas prácticas, y como ejemplos cita dos sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2006 y del 11 de julio de 2008, y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la Unesco.
"La educación diferenciada es un modelo pedagógico internacionalmente aceptado", apunta la CECE, "cuya finalidad es potenciar al máximo las capacidades de cada alumno o alumna, adaptándose a sus diferentes ritmos de aprendizaje y proceso de maduración".
"Son los padres quienes tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones pedagógicas", tal como recogen "múltiples organismos internacionales y la propia Constitución", señala la CECE.
A su juicio, el anteproyecto es "contrario a la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución" y a "la libertad de las familias".
Por ello, insiste en que los colegios de educación separada tienen derecho a recibir financiación pública, pues "ofrecen un modelo pedagógico tan válido, legítimo y reconocido por nuestra Constitución como cualquier otro".
Por su parte, la ministra Leire Pajín señaló en rueda de prensa que "esto no significa que los colegios que ofrecen educación diferenciadas vayan a desaparecer, simplemente que el Gobierno dejará de subvencionarlos".
Asimismo, apuntó que un informe del Consejo de Estado señala que esta norma no vulnera ni la libertad de enseñanza ni el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos ni la libertad de creación de centros docentes.