Desacuerdo, acuerdo, desacuerdo, acuerdo... catástrofe político-sanitaria entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid a la que se han sumado algunas regiones gobernadas por el PP y Cataluña. Todas ellas han dinamitado el consenso propuesto por Salvador Illa, que pretendía confinar la poblaciones de más de 100.000 habitantes con una incidencia por coronavirus de más de 500 positivos registrados en los últimos 14 días. La cartera de Salvador Illa seguirá adelante, pese a la oposición, con su plan para aplicar un criterio único de intervención que se basará únicamente en las cifras que aporten las CCAA. Las fórmulas para 'cocinar' las estadísticas ponen en jaque la estrategia.
Tras más de una semana de amenazas y desplantes entre ambos ejecutivos, el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso volvía a lanzar este miércoles un nuevo órdago, negándose a acordonar toda la ciudad de Madrid y exigiendo al ministro socialista más criterios científicos y seguridad jurídica antes siquiera de plantearse el 'cerrojazo' en más de una decena de sus municipios, los más golpeados por la nueva ola Covid.
El plan de 'café para todos', mismos indicadores sanitarios, idénticas restricciones, no ha calado en el conjunto del Estado. El Ministerio de Sanidad hizo saber de forma inmediata que el documento presentado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) será de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas al tratarse de una "decisión colegiada" que se plasmará en una orden que se publicará en el BOE. Las tensiones afloraron al momento y Madrid afeó que, precisamente la falta de unanimidad en esta mesa redonda, hacía de su determinación una decisión "políticamente inválida".
La capital ha sido el ariete para reventar el consenso a nivel nacional. Las cifras en la autonomía de Díaz Ayuso son malas. Así lo demuestran los últimos datos de la región, que ayer mismo volvieron a batir el récord de contagios de la segunda onda, con 4.810 infectados en solo 24 horas. El giro del Ejecutivo regional deja al Gobierno de Pedro Sánchez entre la espada y la pared... y en la tesitura de tirar, probablemente, de la baza del estado de alarma.
Pero, quien hace la ley hace la trampa. Y en este caso no iba a ser distinto. La propuesta que han rechazado algunas regiones tiene también fisuras que, si no hay más cambios, permitirían a las CCAA escaparse de las 'garras' de Salvador Illa y de sus confinamientos selectivos a través de las estadísticas. El borrador de la cartera apunta que su intervención se basará "en la información que esta posea y, en todo caso, a partir de los datos comunicados al Ministerio de Sanidad sobre evolución de la enfermedad". Y es que, para pulsar el botón rojo, el Gobierno solo tendrá en cuenta el análisis que las autonomías realicen de sus propios territorios.
¿Cuáles son las trampas para poder esquivar al Ministerio de Sanidad y sus requerimientos? Fuentes conocedoras de las tripas de las reuniones inter-administraciones consultadas por La Información aseguran que si una comunidad autónoma quiere frenar sus tasas de incidencia de la Covid dispone de instrumentos -todos irregulares, por no decir otra cosa- para hacerlo. La diversidad de criterios a la hora de cuantificar, notificar y elaborar los informes diarios ha sido la tónica de la nueva normalidad... y el caldo de cultivo para un maquillaje de cifras que entorpece la toma de decisiones. Todo, para evitar un hipotético confinamiento -aunque sea parcial- de la población, perjudicar la ya maltrecha economía local y enfadar a los futuros electores. Casi nada.
La trampa de las PCR
Es imposible, hoy, pensar en un territorio donde no haya que hacer cola para someterse a un PCR o una prueba serológica. El mero retraso ya 'falsea' la fotografía del virus en la región. El tiempo es oro si se trata de detectar los nuevos infectados, sus contactos y su área de relación para acorralar la espiral de contagios. Pruebas PCR, por tanto, se van a seguir haciendo. La cuestión es a quién y dónde.
Las fuentes preguntadas por La Información aseguran que podrían darse tres circunstancias bien diferentes. Una, que la CCAA optara por prescindir de las PCR -o limitarlas a perfiles tan concretos que dejen de ser representativas- . Si la analítica se reduce, los casos positivos harán lo mismo. Dos, hacer test donde no hace falta -en las áreas supuestamente 'limpias' de coronavirus-. Esta 'trampa' haría que, a mayor número de test con resultado negativo, menor incidencia. La última posibilidad relacionada con los PCR es hacer test masivos. Si los análisis son indiscriminados, el número de negativos será siempre, presumiblemente, muy superior al de positivos. Cualquiera de los tres procedimientos llevan a la misma casilla del 'juego': el seguro, en el que el 'bicho' se podría diluir ante un uso determinado -y poco eficaz- de los test.
Madrid ya avanzó en este sentido. Este martes, la Comunidad anunció un cambio en el sistema de detección por el que solo someterá a una prueba diagnóstica a los contactos estrechos de los nuevos positivos si presentan síntomas o conviven con el afectado. De esta forma, los rastreadores pierden la pista del resto de contactos estrechos -y de los contactos de estos a su vez-, pues solo se rastrea el círculo de los casos confirmados. Sin PCR positiva, no hay caso confirmado. Algo parecido ocurre con los retrasos.
Dado que el Ministerio solo incluye en la columna de casos diarios aquellos contagios con un diagnóstico de PCR positiva en las 24 horas previas al conteo, los infectados de los que no se informa en tiempo y forma, dejan de engrosar las cifras diarias de las CCAA. Por esta vía, la Comunidad de Madrid llegó a 'colar' cerca de 20.000 casos en los cinco días de estadísticas de la pasada semana.
Cambiar criterio de ingresos
Es de esperar que ninguna autonomía ponga en marcha estas prácticas, de dudosa legalidad y nula moralidad, pero la puerta está abierta. Cambiar el criterio de ingreso hospitalario o de ingreso en UCI es otro de los caminos para sortear los malos datos de la pandemia y presentar cifras más bajas de cara a las estadísticas. El Ministerio ha previsto otro de los 'trucos' para maquillar los balances. Y es que algunas CCAA han basado sus datos de ocupación en UCI -uno de los tres criterios para acordonar que ha marcado Illa- en las camas de intensivos que se desplegaron durante la primera ola -colonizando quirófanos, cafeterías y hasta gimnasios- y no en las que tenían antes del fatídico mes de marzo. Partir de muchas más camas UCI, desplomar la tasa. El departamento de Illa ha previsto esta 'carta blanca' y ha impuesto que el conteo de contagiados en las UCI se base en el catálogo de camas de los tiempos pre-Covid.
No hay que olvidar que la gestión sanitaria es de las comunidades autónomas; y que los datos los facilitan estas administraciones, directamente, al Ministerio de Sanidad. Estas 'trampas', de hacerse, podrían tener gravísimas consecuencias para la población al margen de que se pudiese incurrir en causas perseguibles por ocultación o manipulación de datos cuando se vive la emergencia sanitaria nacional más importante de los últimos cien años. Unos datos (falsos) mejores no curan ni indemnizan a la población.
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