Los afectados por daño cerebral rechazan "cualquier retroceso en derechos sociales"

Mañana, viernes, se conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, un problema que genera "graves dificultades" de movilidad, comunicación y orientación a los que viven con él (unas 420.000 personas en España), que aprovechan esta fecha para manifestar su rechazo "a cualquier retroceso en derechos sociales".
La Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) ha hecho público un comunicado en el que deja patente su oposición "a cualquier retroceso en derechos sociales" y demanda medidas que ayuden a estas personas a vivir "dignamente" en vez de condenarlas "a la exclusión".
Asegura la federación que "las carencias en el sistema sociosanitario" de España han limitado, en gran medida, la rehabilitación funcional de muchas personas con daño cerebral, restringiendo así su inclusión y participación social.
Los españoles con daño cerebral adquirido son "conscientes", no obstante, de la crisis económica que atraviesa el país, pero no entienden que sus efectos repercutan en personas como ellas.
"Los recortes aplicados en sanidad y en servicios sociales suponen un agravio añadido a la precaria atención que se nos venía prestando", afirman los afectados por daño cerebral, quienes añaden que las inversiones inteligentes en salud, inclusión social y en prevención de la dependencia "son especialmente necesarias en época de crisis".
Además, prosiguen, estas inversiones inteligentes contribuyen a salir de la crisis, ya que, además de generar empleo, promueven autonomía personal y reducen costes derivados de la dependencia.
Por todo ello, Fedace aprovecha este 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, para manifestar su rechazo a cualquier exclusión de la rehabilitación de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Se opone, igualmente, a la retirada de la subvenciones para el mantenimiento de las asociaciones, a los recortes en los conciertos de servicios sociales y a los retrasos en los abonos de algunas subvenciones acordadas, porque "están poniendo en riesgo la prestación de estos servicios y la propia supervivencia de estas entidades".