Los consejeros del PP rechazan nuevas responsabilidades en inmigración

Madrid.- Los consejeros de Inmigración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han acordado hoy rechazar la transferencia de las nuevas responsabilidades en Inmigración que prevé el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería.

Así lo han acordado los populares en una reunión celebrada en la sede del PP horas antes de que se celebre la V Conferencia Sectorial de Inmigración, que estará presidida por el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, y servirá para debatir la propuesta de reglamento.

Para el PP, la inmigración "es una cuestión de Estado, es la Administración del Estado la que debe asegurar su buen funcionamiento y es a ella a quien hay que exigirlo", por lo que consideran "incongruente que el Gobierno exija a las CCAA recortes presupuestarios y les transfiera una nueva carga administrativa".

Según un comunicado, esta es una de las principales decisiones acordadas por el PP en la reunión de Coordinación de Consejeros de Inmigración, a la que también han asistido el secretario de Nuevas Políticas, Gonzalo Robles; el secretario de Participación Social, Rafael Rodríguez Ponga, y el portavoz de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.

Así, los populares han criticado que el Reglamento transfiera a las comunidades la responsabilidad de realizar informes sobre la integración de cada inmigrante "sin dotar de los medios económicos para llevarlos a cabo, ni establecer criterios objetivos y un modelo estandarizado" para evitar que den lugar a arbitrariedades.

Se trata de unas responsabilidades que las comunidades "no están dispuestas a asumir por subjetivas, por arbitrarias y no objetivables y, en definitiva, para tapar la mala gestión del Gobierno socialista en materia de inmigración".

Los responsables de inmigración del PP también han recordado que los recursos del Fondo Estatal de Acogida a la Inmigración se han reducido de 200 a 66 millones de euros, por lo que consideran que "no es coherente que en esta situación de crisis y de recorte de gastos, se dé lugar a mayor burocracia y dispersión al trasladar la gestión a las comunidades autónomas".