Los ecologistas se oponen a la reforma de Ley de Aguas aprobada por Gobierno

  • Los principales grupos ecologistas con representación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente rechazan la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros al considerar que es anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades formales.

Madrid, 30 ago.- Los principales grupos ecologistas con representación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente rechazan la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros al considerar que es anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades formales.

Por ello, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, exigen la retirada del real decreto y un debate público sobre la política de aguas de este país, informan en un comunicado.

En este real decreto, el Gobierno reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para que las comunidades autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico, en un principio, de aplicación para Cataluña, Aragón y Andalucía al tenerlo previsto en sus estatutos.

Una reforma, insisten los ecologistas, que tenía que haber sido debatida preceptivamente en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

"Esta modificación supone -aseguran- ceder a las comunidades autónomas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).

"Hasta ahora el Estado había defendido la exclusividad constitucional de esta competencia ante el Tribunal Constitucional y, con esta modificación -insisten-, se da un giro de ciento ochenta grados y renuncia a sus competencias".

Las ONG también critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el real decreto legislativo, que la Constitución solo reserva para asuntos "de extraordinaria y urgente necesidad".

Teniendo en cuenta que las Cortes tienen que refrendarlo en un plazo inferior a 30 días, los ecologistas tienen previsto solicitar a los grupos parlamentarios que se opongan a esta modificación y que defiendan la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en la policía del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.

En el caso de aprobarse en las Cortes, las ONG acudirían al Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.

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