Los "indignados" de Londres pierden la batalla legal contra su desalojo

  • Los "indignados" que acampan desde hace tres meses a las puertas de la catedral de San Pablo en Londres perdieron hoy su batalla legal en el Tribunal Superior, aunque su eventual desalojo no se producirá al menos hasta la próxima semana.

Guillermo Ximenis

Londres, 18 ene.- Los "indignados" que acampan desde hace tres meses a las puertas de la catedral de San Pablo en Londres perdieron hoy su batalla legal en el Tribunal Superior, aunque su eventual desalojo no se producirá al menos hasta la próxima semana.

La corte londinense otorgó al Ayuntamiento de la City, el centro financiero de la capital británica, el derecho a desmontar por la fuerza el campamento erigido el pasado 15 de octubre por el grupo "Occupy London", si bien dictaminó que los manifestantes tienen un plazo de siete días laborables para apelar.

Tras conocer la sentencia, el consistorio reiteró su deseo de que los manifestantes desarmen "voluntariamente" el centenar de tiendas de campaña que se agolpan a la entrada del templo anglicano, a poca distancia de la Bolsa de Londres.

Aun así, las autoridades de la City advirtieron de que utilizarán su potestad para expulsar a los concentrados de "Occupy London", si en el plazo de esa semana dictado por el juez los manifestantes no han desalojado la zona por sí mismos o han vuelto a poner en marcha el proceso judicial mediante una apelación.

Un portavoz del movimiento de protesta aseguró que su intención es presentar un recurso contra la decisión del juez y recalcó que podrían hacerlo antes del plazo dictaminado por la corte, el 27 de enero.

"Es difícil valorar la decisión del juez en este momento porque el proceso todavía no ha concluido, debe terminar el proceso de apelación, y no sabemos cuánto durará. En todo caso, si nos acaban echando, la protesta continuará", afirmó a Efe Helen Perrault-Newby, de "Occupy London".

En una corte abarrotada por manifestantes y medios de comunicación, el juez del tribunal londinense apoyó en su resolución las tesis de las autoridades de la capital.

La sentencia insta a los "indignados" a desmontar sus tiendas, debido a la "alteración del orden público" que provocan en una céntrica zona de la capital británica, y habilita al Ayuntamiento a desalojarlos por la fuerza si permanecen frente a la catedral.

El magistrado, que visitó personalmente el lugar el pasado diciembre, reconoció en su resolución la "sinceridad y la pasión" de los "indignados", pero rechazó sus argumentos en los que reclamaban permanecer en San Pablo en virtud de su libertad de expresión y su derecho de asamblea.

En opinión de la corte, la interferencia con esos derechos está "completamente justificada" por el "daño" que los "indignados" han causado en la zona.

Mientras el Tribunal Superior hacía pública su resolución, frente a la catedral de San Pablo se concentraron varias decenas de activistas con máscaras de Guy Fawkes, asociadas al colectivo Anonymous, y pancartas en contra de los excesos del sistema financiero.

"El espacio de la City pertenece a todos y no nos moveremos de aquí hasta que el ayuntamiento nos desaloje", señaló el joven polaco Filip Majchnak, uno de los activistas que permanecen en el campamento ante el templo anglicano.

El pasado 21 de octubre, la catedral de San Pablo de Londres cerró sus puertas por primera vez desde la II Guerra Mundial, seis días después de que el grupo "Occupy London" decidiera plantar sus tiendas a sus puertas.

El sábado anterior, la policía había impedido a los miles de manifestantes anticapitalistas que marchaban por la capital británica acercarse al edificio de la Bolsa, razón por la que los "indignados" decidieron quedarse en San Pablo, a unos cientos de metros de uno de los parqués más influyentes del planeta.

La tensión que en días siguientes se produjo entre las autoridades de la City, los "indignados" y los responsables de la catedral desembocó en la dimisión del deán Graeme Knowles, la máxima autoridad del templo, que simpatizaba con el movimiento de protesta y se mostró en desacuerdo con el ultimátum dado a los manifestantes.

Tras varias semanas de negociaciones con los acampados, que se negaron a retirar sus tiendas, las autoridades de la City decidieron finalmente emprender acciones legales contra "Occupy London".

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