La Cámara Alta española aprobó esta reforma por 145 votos a favor, 89 en contra y 5 abstenciones, en lo que constituyó el último paso formal para su próxima entrada en vigor.
La reforma prevé que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales", eliminando la posibilidad de que puedan pedir un aborto por si solas, como preveía la ley hasta ahora.
La modificación busca "devolver a los padres y a las madres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en ese momento tan complicado de su vida", defendió la senadora del conservador Partido Popular (PP), en el poder en Madrid, María Dolores Pan.
"Recorta derechos", afirmó, por su parte, la senadora del Partido Socialista, principal de la oposición, Laura Berja, añadiendo que "es una propuesta no demandada socialmente" y que "no va a evitar que las jóvenes aborten".
El gobierno de Mariano Rajoy había provocado una gran polémica aprobando en diciembre de 2013 un anteproyecto de ley que prohibía el aborto salvo en algunos casos - peligro probado para la vida o la salud de la madre, por violación - y excluía los casos de malformación del feto como motivo válido.
Esta ley suponía una vuelta atrás completa respecto a la legislación en vigor, aprobada por la izquierda en 2010, y que permitía a las mujeres el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
Tras meses de controversia, el ejecutivo renunció hace un año a esta reforma y anunció que, en su lugar, se limitaría a proponer la prohibición de abortar para las menores sin consentimiento de los padres.
gr/an
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