Madrid. Aguirre confía en la "seriedad y profesionalidad" de los profesores y apela a su vocación de servicio público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, confió este jueves en la "seriedad y profesionalidad" de los profesores de la región y apeló a su vocación de servicio público ante la convocatoria de huelga realizada para el próximo día 14.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre aseguró que la ley se está cumpliendo y que la calidad de la enseñanza, con las medidas adoptadas por su Ejecutivo, "no solamente no va a sufrir, sino que va a mejorar".
Tras recalcar que las clases las van a impartir profesores titulares que han aprobado las oposiciones, la presidenta madrileña dijo, respecto a la petición de los sindicatos de negociar, que la consejera de Educación, Lucía Figar, les convocó a la Mesa Sectorial y no asistieron, y ahora piden diálogo al margen de ese foro.
Por otro lado, subrayó que es "absolutamente falsa y torticera" la información de que los profesores de una especialidad vayan a tener que impartir otra, ya que ese asunto está regulado por un Real Decreto y no puede cambiarse la ley.
En cualquier caso, manifestó que confía en la "profesionalidad y seriedad" de los profesores de la Comunidad de Madrid y apeló a su vocación de servicio público ante la huelga convocada para el próximo miércoles.
Respecto a las cifras de paro y a lo que puede hacer el PP si llega al Gobierno el próximo 20 de noviembre, Aguirre aseguró que tiene confianza en que se recupere el empleo que, "por desgracia, España ha perdido con Zapatero".
Recordó que en el debate sostenido por Pedro Solbes y Manuel Pizarro antes de las pasadas elecciones generales se cumplió todo lo que dijo el segundo y nada de lo que proclamó el primero, pues se negó la crisis, se dilataron todas las reformas sin acometer ninguna y la laboral fue "una tomadura de pelo".
"Tendremos que esperar, además, a principios de 2012 para que el círculo vicioso pueda convertirse en círculo virtuoso", indicó la jefa del Ejecutivo autonómico, quien abogó por cambiar la legislación laboral en España en contra de la pretensión de los sindicatos de mantener una normativa "obsoleta y franquista".