Madrid. El supremo condena de nuevo a la comunidad a pagar a una universidad por incumplir el plan de financiación e inversiones

El Gobierno regional tendrá que abonar un total de 76,4 millones de euros a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por incumplimiento de los planes de financiación e inversiones de las universidades públicas. Esta es la quinta vez en dos años que el Tribunal Supremo ordena a la Comunidad pagar a sus universidades públicas por contradecir los compromisos adquiridos en dichos planes.
De estos 76,4 millones, 36,4 corresponden a la ejecución del Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y los 40 millones restantes son la cuantía de gastos ya justificada por la Politécnica del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas 2007-2011.
Así se recoge en una sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo publicada este miércoles, que estima parcialmente un recurso de la UPM contra un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que solo le concedía 14,3 millones.
En su recurso, la Politécnica pedía a la Comunidad 90,8 millones de euros más 3 millones de intereses por el incumplimiento del Plan de Inversiones y del Plan de Financiación de las Universidades Públicas.
El Supremo recuerda en su resolución que durante los dos últimos años ha dictado otros cinco dictámenes estimatorios en relación al mismo asunto, pero referidos a otras universidades públicas de Madrid.
Señala que el Plan de Inversiones y el de Financiación encerraban “pactos con fuerza de obligar, de manera que en el Plan de Inversiones están pactadas las cuantías para los ejercicios comprometidos y su abono previa justificación del gasto”.
El plan se dotó con 640 millones de euros, desglosado por anualidades, y en cuanto a su ejecución, la sentencia condena a la Comunidad a habilitar a favor de la Universidad un total de 54,4 millones de euros, que serán librados hasta lo ya justificado (40 millones de euros). El resto se abonará conforme la Universidad vaya justificando las inversiones.
Además, el Supremo condena al Gobierno regional a pagar los intereses de 40.055.841,92 euros por las inversiones ya justificadas, y de 36.471.501 euros del plan de financiación, desde el 17 de junio de 2011, así como los intereses legales de estos intereses desde el 14 de octubre de 2011.