En Alicante

Matrimonios de conveniencia por 3.000 euros: 3 detenidos por una arrepentida

Fue la denuncia de una víctima la que dio inicio a las investigaciones. Una de las detenidas llegó a formalizar personalmente una de estas relaciones para regularizar la situación de un ciudadano extranjero.

Operación Tafia
Operación Tafia
Guardia Civil

Tres personas han sido detenidas contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por concertar matrimonios de conveniencia para regularizar su estancia en España. Las investigaciones se iniciaron, cuando en el mes de julio del pasado año 2020, una mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia, porque según manifestaba, estaba siendo amenazada. Así nació la operación Tafia a través de la cual se ha desarticulado un grupo criminal que, desde principios de 2019, concertaba matrimonios de conveniencia entre ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia, con otros de nacionalidad española, y regularizar así su, hasta entonces, permanencia ilegal en España.

La denunciante explicó en su declaración que varias personas le habían ofrecido 3.000 euros por casarse con un hombre de origen argelino. Dado que se encontraba en una situación de necesidad económica, accedió al acuerdo y los supuestos autores le dieron un pequeño adelanto. Pero en el último momento, la mujer se arrepintió, y declinó la propuesta quedándose parte del dinero que le habían pagado por adelantado. Entonces, los supuestos autores la habían amenazado diciéndole que la iban a buscar para cobrarse ellos mismos la deuda.

A lo largo de la investigación, los agentes lograron identificar plenamente a dos de los autores que conformaban el grupo criminal, y averiguar su modus operandi, detectando además otros cuatro casos, en los que las relaciones sí que llegaron a formalizarse. Los supuestos autores formalizaban tanto matrimonios, como inscripciones en el registro de parejas de hecho. Averiguaron, que el líder del grupo criminal, un hombre de origen argelino, captaba a otros compatriotas que necesitaban conseguir un permiso de residencia para regularizar su situación en España.

Otro de los componentes del grupo, en este caso una mujer española, se dedicaba a la captación de personas con la nacionalidad, a las que convencían para concertar un matrimonio o formalizar una pareja de hecho con los ciudadanos extranjeros. A cambio les ofrecían 3.000 euros. Para garantizarse lograr su objetivo, la banda buscaba a personas que tuvieran pocos recursos. Las víctimas que accedieron a firmar la inscripción de alguna de las distintas modalidades de relación, finalmente nunca llegaron a recibir tal cantidad de dinero. Previo a la fecha de la firma en el correspondiente registro, el cabecilla les entregaba un adelanto que oscilaba entre los 150 y 350 euros, para dar credibilidad a la promesa de que cobrarían el resto, una vez que la relación quedara completamente inscrita. Sin embargo,

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