México, 20 oct.- Representantes del Gobierno mexicano se reunieron hoy con familiares de 43 estudiantes que permanecen desaparecidos para informarles sobre los últimos detalles de su búsqueda, que se amplió a 14 municipios de Guerrero y uno del Estado de México, donde las fuerzas federales han asumido el control.
Los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Jesús Murillo, mantuvieron una reunión privada en el aeropuerto de la turística ciudad de Acapulco.
Allí llegaron en dos autobuses los familiares de los 43 jóvenes que permanecen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo de policías los subieron en patrullas en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y nunca más se supo de su paradero.
A la salida del encuentro, un portavoz de los estudiantes contó que la información dada por el Gobierno no era lo que esperaban, pues lo que realmente querían saber era dónde están sus compañeros.
"Nos explicaron las detenciones, las líneas de investigación, pero no nos dieron la información esperada", contó y añadió que la única línea que quieren es la "que vaya a dar con el paradero" de sus compañeros.
Aquel 26 de septiembre fallecieron seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y 25 más resultaron heridas en varios tiroteos protagonizados por policías locales presuntamente al servicio del cártel Guerreros Unidos.
Por los hechos violentos han sido detenidas 53 personas, entre ellas 36 policías municipales y 17 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias Salgado.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, se encuentra en paradero desconocido desde finales de setiembre.
La fiscalía general ofreció hoy una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (unos 110.000 de dólares) a quienes proporcionen información "veraz y útil" que contribuya a la localización de cada uno de los 43 estudiantes.
La oferta de la recompensa, publicada hoy en todos los diarios de circulación nacional, está acompañada por las fotos y nombres de los jóvenes.
Además, desde el domingo son ya 15 los municipios que están bajo el control de las fuerzas federales a raíz de este caso, 14 en Guerrero (en el sur del país) y uno en el central Estado de México.
Esta mañana, en acto público en el puerto de Veracruz, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmó que había instruido a las fuerzas federales para que tomaran el control de aquellos municipios donde "hay evidencia de infiltración del crimen organizado".
Tal y como sucediera primero en Iguala y después en Cocula, los policías federales, apoyados por el Ejército mexicano, "se ocupan de la seguridad en trece municipios más".
Se trata de Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.
Los integrantes de las corporaciones de seguridad de los trece municipios serán trasladados a las sexta región del central estado Tlaxcala para practicarles exámenes de control de confianza y sus armas serán examinadas para establecer su posible responsabilidad en el caso.
El presidente dijo hoy que seguirá trabajando para que, junto con los Gobiernos locales, "pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones", sobre todo aquellas encargadas de la seguridad.
El Gobierno detalló que en la búsqueda de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa participan 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos (agentes con perros policiales), 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles.
Pese a esta intensificación de las tareas de búsqueda, existe la posibilidad de que los estudiantes estén muertos, tal y como señaló el sacerdote Alejandro Solalinde con base en testimonios de varios testigos.
Tras unas declaraciones en las que aseguraba que cuatro testigos le habían contado que todos los estudiantes habrían sido asesinados, metidos en fosas y quemados, el destacado defensor de los derechos humanos de los migrantes acudió hoy a declarar a la fiscalía, aunque finalmente no fue recibido.
El sacerdote, quien llevaba un escrito con todos los testimonios, contó que los testigos incluso llegaron a enseñarle un mapa de dónde podrían estar las fosas, información que piensa enseñar al fiscal general, con quien se reunirá en los próximos días.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios