Desde que Yaneth fuera arrojada por la ventana en Málaga por su novio el 7 de enero de 2003 hasta que la expareja de Yulia la matara el pasado 2 de diciembre un total de 1.033 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sus nombres forman parte de una terrible lista que no parece suficiente para frenar a los negacionistas. El 14 de junio de 2019 Ana Lucía Silva, de 49 años, fue asesinada en Córdoba por su pareja -en libertad condicional por matar a su anterior compañera-. Fue la víctima número 1.000 de la violencia machista en España. Le arrebataron la vida en junio y, seis meses después, otras 33 mujeres han perdido la vida ya. Los datos hablan por sí solos: 1.033 mujeres asesinadas desde 2003 y 34 niños desde 2013, 278 huérfanos y más de medio millón de mujeres registradas como víctimas de violencia machista por el Ministerio del Interior.
Solo este año han sido asesinadas 55 mujeres y tres niños, otros 46 han quedado huérfanos. Se han presentado más de 80.000 denuncias por violencia de género en el primer semestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial y, de los juicios celebrados, el 70% es condenatorio.
El 14 de junio, el asesinato de Ana Lucía constató la velocidad a la que crece una lista que comenzó a elaborarse en 2003, dieciséis años atrás. Yaneth, de 28 años, arrojada por su novio desde un segundo piso en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003 es la primera de una lista que parece no tener fin.
Ana Lucía solo fue la número mil, detrás de ella ya figuran Susana, Mónica, Piedad, Monika, María Asunción, María Dolores, María Elena, María del Carmen, Rita Jeanine, Eva, María José, Josefa, Rita Nicola, María Pilar, Dolores, Sandra, Ada Liz, Verónika Ruth, María de los Ángeles, Silvia, Evelyn Estefanía, Elena, Tamira, Sara, María, Alexia y Yulia.
Yaneth y Yulia únicamente ponen nombre a los números 1 y 1.033 de una lista mucho más extensa, que componen miles de mujeres que no constan porque sus asesinatos se cometieron en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada y permanecía oculta, en la que vivían supeditadas a sus parejas, en la que eran consideradas algo inferior y de su propiedad.
Una de ellas es Ana Orantes. Asesinada tras cuarenta años de palizas y violaciones. Un día no pudo más y contó su historia ante las cámaras. Trece días después su marido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus once hijos.
Ana Orantes fue la voz de las miles de mujeres que no se atrevían a alzar la suya para denunciar los malos tratos. Su testimonio tuvo un impacto decisivo, revolvió la conciencia de la sociedad española y puso nombre a la violencia de género. Fue en 1997. Aún hoy, veintidós años después, en España cada semana una mujer es asesinada por su pareja o expareja.
La sociedad española fue consciente entonces de la necesidad de luchar de forma específica contra la violencia de género y se dieron los primeros pasos de una legislación que es pionera en todo el mundo.
Así, en 1998, se aprobó el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica; en 2004 la Ley Integral contra la violencia de género , aprobada con el apoyo de todos los grupo políticos; en 2007 la Ley de Igualdad y, en 2017, el Pacto de Estado de Violencia de Género.
Un Pacto aprobado por consenso pero del que, dos años después, a punto de acabar 2019, tres de cada cuatro medidas no han podido aplicarse por el bloqueo político.
No obstante, y frente a este "parón" político y legislativo, los tribunales han seguido avanzando y han sido varias las sentencias en las que el Tribunal Supremo incluyó la perspectiva del género.
En esta línea, el alto tribunal revocó en julio la sentencia de la Audiencia de Navarra y elevó la pena de La Manada de 9 a 15 años de cárcel por un delito de violación continuada en lugar de abuso sexual.
La inestabilidad política y la interrupción de la actividad parlamentaria vivida en 2019 ha impedido el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la puesta en marcha de la mayoría de las medidas del Pacto de Estado porque muchas de ellas requieren la implicación del Congreso y el Senado.
Es el caso de la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otras dependen de ministerios y algunas de comunidades y ayuntamientos.
La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia de género e imponer prohibiciones cuando se quebranta la condena o posibilitar que los jóvenes se quiten el apellido del padre maltratador son algunas de las que requieren la implicación del Parlamento y en las que no se ha dado ni un paso. Hay otras medidas que han iniciado su camino pero que no han llegado a término.
Entre ellas, prohibir las visitas de los menores a la cárcel a un padre condenado por violencia de género, suspender el régimen de visitas cuando hayan presenciado o sufrido violencia, suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en la violencia machista, tipificar mejor los delitos en el ámbito digital o ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia de sobre la mujer, dando así cumplimiento al Convenio de Estambul.
Las cifras de violencia machista y la importancia de las reformas pendientes reflejan la urgencia de que se constituya un Gobierno cuanto antes capaz de proteger a las víctimas y a sus hijos, considerados víctimas solo desde 2013.
Para mejorar la protección de estos menores, Interior ha incluido este año en VioGén -el sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género- la identificación del "potencial peligro" al que están expuestos los hijos de las mujeres que denuncian violencia machista.
En apenas dos semanas detectaron 81 casos de niños en situación de riesgo. Además, en España hay 5.163 casos de menores a cargo de víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. Los datos no dejan lugar a dudas: la violencia machista es uno de los problemas más graves y complejos a los que se enfrenta la sociedad española.
Pero ni los datos ni los expertos han sido capaces de mantener el histórico consenso político que hasta este año había en la lucha contra la violencia machista y que Vox ha conseguido resquebrajar.
Vox rompe el consenso
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las instituciones en las que el partido de extrema derecha está presente, incluido el Congreso de los Diputados, fueron incapaces de consensuar un texto de condena de la violencia machista ante la negativa a secundarlo de Vox, con cuyo apoyo gobiernan PP y Ciudadanos en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia.
Dos días después, el Ayuntamiento de Madrid reprobó al concejal Javier Ortega Smith por "su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género" demostrada en el acto conmemorativo del 25N, donde instó a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista" sobre la criminalización que a su juicio sufren los hombres con la actual legislación.
Una petición que hizo que la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Al Amal, Nadia Otmani, se enfrentase a él con severos reproches, pidiéndole "respeto para las muertas".
El 2 de diciembre, aprovechando la ausencia de Vox en la Diputación Permanente del Senado, el PSOE consiguió sacar adelante con el apoyo del resto de grupos la misma declaración institucional contra la violencia de género que el Congreso no pudo aprobar por el veto de la formación encabezada por Santiago Abascal.
Al día siguiente, jornada de constitución de las Cortes, Vox logró una de las vicepresidencias de la Mesa del Congreso de los Diputados sin que ninguna formación política lo impidiese, lo que hará muy difícil recuperar el consenso parlamentario en la lucha contra la violencia machista.
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