Ministra brasileña defiende licencia de polémica presa suspendida en Amazonía

Río de Janeiro, 30 sep.- La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, calificó hoy como técnicamente incuestionable la licencia ambiental que el Gobierno concedió para la construcción de Belo Monte, una enorme y polémica hidroeléctrica en la Amazonía cuyas obras fueron suspendidas por un juez.

"La licencia fue concedida luego de que se hicieran todos los estudios técnicos sobre los posibles impactos ambientales del proyecto e incluyó varias recomendaciones cuyo cumplimiento está siendo verificado", afirmó la ministra en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.

Teixeira garantizó que los técnicos responsables por la licencia no sufrieron ninguna presión política, pese al claro interés del Gobierno en la obra, y que siguieron todas los procedimientos y reglas con mucho "cuidado".

Según la funcionaria, la recurso judicial que suspendió provisionalmente las obras el pasado miércoles tendrá que ser contestado en la Justicia por el consorcio que recibió la concesión de la hidroeléctrica y no más por el Gobierno.

"Los concesionarios son los que tienen que presentar recursos contra esa decisión, ya que el Gobierno, tras haber concedido la licencia ambiental, no tiene más que decir", afirmó.

"Es lógico que si el juez decide escuchar al Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente, responsable por la licencia) le vamos a dar todas las informaciones y a explicarle las razones que justifican la licencia", aseguró.

Pese a las garantías del Ibama, un juez federal del estado amazónico de Pará ordenó la suspensión provisional de las obras del polémico proyecto y prohibió que el Consorcio Norte Energía realice cualquier tipo de alteración en el río Xingú.

La decisión judicial fue una respuesta a un recurso presentado por la Asociación de los Criadores y Exportadores de Peces Ornamentales de Altamira (Acepoat), que alega que el desvío del río puede perjudicar una actividad que le da sustento a 1.000 familias.

"Tengo plena confianza en el proceso de licenciamiento ambiental hecho por el Ibama", agregó la ministra, que negó que las obras para la presa puedan inundar áreas indígenas o afectar aldeas indígenas.

La funcionaria dijo que el Ibama ya le ha negado la licencia a otras hidroeléctricas y que es consciente de que la autorización para la construcción de Belo Monte seguirá siendo cuestionada en todas sus fases.

"Puede que el recurso judicial caiga (sea suspendido) como ya cayeron recursos anteriores", afirmó Teixeira al manifestar su confianza de que las obras serán nuevamente autorizadas.

"Hay muchos que cuestionan la obra y muchas polémicas, pero el Ibama, cuando sea cuestionado, dará todas las explicaciones", dijo.

Belo Monte, según su proyecto, será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo por detrás de la china Tres Gargantas y de Itaipú, la presa compartida por Brasil y Paraguay.

La hidroeléctrica deberá entrar en operaciones en 2015 tras una inversión de unos 10.600 millones de dólares y su capacidad de generación será de un máximo de 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río Xingú.

La obra es cuestionada por ecologistas, indígenas y pescadores por sus enormes impactos ambientales en la Amazonía, y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA llegó a recomendar su suspensión.

Teixeira dijo igualmente que el Gobierno está adelantando gestiones políticas en el Senado para intentar revertir los artículos polémicos del Código Forestal aprobados en abril pasado por la Cámara de Diputados.

Dicho conjunto de leyes para proteger selvas y bosques del país, aprobado con el amplio apoyo de la base oficialista, incluye algunos artículos que permiten ampliar la deforestación y una amnistía que perdona a quienes ya talaron sus propiedades ilegalmente.

"Tal como fue aprobado yo pediría su veto (del Código), pero hemos conseguido que los senadores acepten algunas modificaciones y estamos trabajando para alcanzar el máximo de consenso", afirmó.

"La posición del Gobierno es que lo que hoy está en pié no puede ser desforestado. Y hay un amplio consenso de que Brasil no necesita desforestar para ampliar la producción agrícola y pecuaria", dijo.

Según la ministra, el Gobierno también está discutiendo con los senadores mecanismos que garanticen que los grandes propietarios que talaron ilegalmente no sean amnistiados.