El sector, en el disparadero

Residencias privadas exigen al Estado que costee la asistencia de los ancianos

Los más de 19.500 decesos en centros han desvelado un 'limbo' que deja inermes a los ancianos y abre el melón sobre quién debe asumir la cobertura médica.

Residencias de ancianos
Residencias privadas exigen al Estado que costee la asistencia de los ancianos
Efe

El grueso de las residencias de mayores de titularidad privada lo tiene claro: el Estado es quién debe asumir el coste derivado de la asistencia médica de los ancianos. "Un centro sociosanitario no es un hospital, es una casa", sentencia Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste). Su organización agrupa a las empresas líderes del sector. "El virus no entiende de centros públicos o privados, el impacto ha sido similar", asegura Cubero. El sector se enfrenta ahora a la ardua labor de recuperar una imagen que ha quedado dañada por la pandemia. Una ley desfasada y poco concreta será el primer frente para lograr una mayor coordinación con Sanidad, la cartera de la que el sector privado espera el compromiso de asegurar a los mayores una cobertura médica que ha hecho aguas durante la crisis.

El Gobierno aún no ha aportado los detalles sobre el azote de la Covid a los centros sociosanitarios, por lo que es imposible concretar que se hayan visto más afectadas las residencias públicas o las privadas, tampoco sería prudente abordarlo en función del tamaño de los centros. La pandemia ha puesto en jaque a una generación y situado al sector de la Dependencia en el disparadero con, al menos, 19.584 decesos en las cerca de 5.500 residencias de todo el país. Tras meses de pandemia, los datos oficiales no dejan margen para un análisis más profundo que el de las propias víctimas.

"Como encender fuego cerca de la paja"

Los centros de mayores en España llevan años posicionándose como un mercado en expansión, cuya facturación superó los 4.500 millones en 2018, según los últimos datos de DBK. Como en las universidades españolas, los fondos de capital riesgo pusieron el ojo en el sector y este ha recibido inversiones considerables en los últimos años. Aún así, el residente ha quedado en tierra de nadie en los peores momentos del brote. "No es la primera vez que pasa, en los periodos de gripe también encontramos ciertos  problemas para derivar a los ancianos", asevera Juan José García Ferrer, secretario General de Lares, "Pero esto no era una simple gripe y el ámbito sanitario ha arrollado a lo social"

El protocolo de Sanidad fue claro. Ante cualquier caso de sospecha sobre un residente, este debía permanecer en el centro y, la dirección del mismo, sería la encargada de contactar con los servicios de salud pública de la comunidad para valorar el caso. Si el estado del paciente era "bueno" no sería necesario su derivación al centro sanitario -la cual depende del criterio del hospital o del de la CCAA-. "Fue como encender el fuego cerca de la paja", denuncia Garcí Ferrer, quien recuerda que, con la ley en la mano y por su propia naturaleza, las residencias no pueden abordar pacientes infecciosos. El secretario general lo tiene claro: "Tanto en los peores momentos como en la desescalada la clave debe estar en espacios medicalizados intermedios, donde el anciano contagiado, si no requiere una UCI, pueda permanecer sin poner en riesgo al resto de los usuarios del centro".

Existen cuatro grandes patronales del ámbito privado de la Dependencia en España. Lares, que aglutina 1.050 residencias, cumple la particularidad de contar con centros privados sin ánimo de lucro. Los gigantes del sector se engloban en AESTE, que cuenta con un volumen agrupado de 55.000 plazas residenciales distribuidas en los 400 centros de sus asociados. Empresas más pequeñas componen la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que aglutina a 2.400 centros residenciales y  154.000 plazas, y el Círulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) que, con 180.000 plazas residenciales, es la mayor asociación de atención a la Dependencia de España.

Ninguna normativa obliga a éstas a disponer de personal de enfermería 24 horas al día. "Los residentes no renuncian a su derecho a recibir asistencia dentro del Sistema Nacional de Salud, al firmar un contrato de ingreso en un centro", asegura la presidenta de CEAPs, Cintia Pascual. La profesional, al frente de más de una decena de residencias, asegura que medicalizar las residencias choca con la propia naturaleza de estas instituciones: "No somos hospitales porque buscamos cuidar al residente, hacerlo sentir en un entorno de hogar". Pascual coincide con Cubero y García Ferrer en que los mayores deben ser atendidos en la Sanidad Pública dado que han pagado sus impuestos y tienen derecho a la misma asistencia que cualquier otra persona.

¿Los residentes pagan por la asistencia médica en los centros?

"En esta crisis se ha cercenado ese derecho", asegura el portavoz de Lares, "Se ha volcado en las residencias una labor que no les es propia para desahogar unos hospitales colapsados, pero hablar de medicalización de los centros, independientemente de la financiación, supone aceptar un copago por parte de unos residentes que ya han pagado por esa asistencia". Pascual ofrece una alternativa: "Sanidad debe asumir la formación de módulos -médicos y enfermeras- que aseguren esa asistencia en las residencias". Tanto esta como el secretario general de AESTE inciden en que una simbiosis entre los centros sociosanitarios y el ministerio repercutiría en un ahorro para las arcas públicas: "Contar con recursos como un aprovisionamiento de oxígeno podría evitarnos derivaciones a hospitales y reducir costes del SNS"

Si se atiende a los contratos que firman los residentes se observa que, con frecuencia, las residencias adquieren compromisos sobre la asistencia de los usuarios a través de fórmulas poco concretas como "atención médica, rehabilitadora y social", o "seguimiento sanitario y farmacéutico". Más allá de la sensación de seguridad que estos apéndices ofrecen a los mayores y sus familias, su valor es residual, precisamente, porque no entran en detalles sobre qué compromisos asume el centro. "Se trata de una asistencia puntual que, en ningún caso, sustituye a los hospitales", afirma Cubero, "Es como si uno vive en un piso y, cuando se pone malo, pretende que el socorrista de la urbanización cumpla con las funciones de su médico". 

¿Quién financia el modelo?

La ley que rige al sector fue aprobada el 16 de diciembre de 2006. En ella se especifica que "la Administración General del Estado garantizará la financiación a las CCAA para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley". En una decena de regiones, los marcos normativos en vigor, datan de los años 90, la norma de otras cinco de ellas se aprobó en la década del 2000, mientras que solo dos se rigen por un marco aprobado en esta última década.

 La dotación presupuestaria de la ley estatal la asumen, en su mayor parte, los gobiernos autonómicos. Y es que, sobre el papel, las plazas concertadas -aquellas que el Estado 'contrata' en los centros privados- tendrían que financiarse a razón de un tercio de su valor entre el Gobierno central, el regional y el propio usuario. Las cuentas reflejan que esto no termina de cumplirse: el residente no llega a su 33%, ni la dotación del Gobierno cubre la parte proporcional del gasto, por lo que las CCAA acaban asumiendo el resto. 

El texto deja muchos flecos sueltos y pasa a las comunidades la pelota de cortarlos. Cuando eclosionó la pandemia, las residencias de todo el territorio nacional encararon la batalla con una enorme desigualdad de base que se tradujo, en primer lugar, en el colapso de unas plantillas cuya ratio -número de residentes por trabajadora- no es la misma en toda España. "En la medida de lo posible, se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un residente afectado por un caso posible o positivo de COVID-19"

El 21 de marzo de 2020, el BOE se convirtió en un aval para el mantenimiento de unos equipos al límite -y la no sustitución de algunas bajas-, siempre que los centros lograsen el aprobado raspado de una ley que habla de mínimos. El 'crack' de los hospitales públicos, sumado a la falta de dotación de las residencias y a la inexistencia de un plan que marcase las responsabilidades, a nivel asistencial, exigibles a estos centros; fueron el caldo de cultivo para una tragedia que, desde el principio, puso a toda una generación en el centro de la diana.

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