La Guardia Civil ha desarticulado una red que introducía armas detonadoras adquiridas en países del Este de Europa en España donde eran manipuladas para hacerlas aptas para disparar munición real y luego vendidas a delincuentes, en una operación en la que han sido detenidas nueve personas y se ha investigado a otras seis. La red contaba con un taller clandestino en la provincia de Alicante donde modificaba las armas para que pudieran disparar munición con proyectil y hacer fuego real. Finalmente eran distribuidas a compradores por todo el territorio nacional.
Muchos de estos compradores pertenecían al entorno de la delincuencia común, con antecedentes por hechos delictivos, por lo que, con la intervención de esas armas, se ha podido evitar que se produjeran otros delitos violentos, según un comunicado del instituto armado. En el operativo, desarrollado en varias provincias españolas y que ha contado con la cooperación de agencias policiales de Estados Unidos y Rumanía, se han aprehendido 36 armas de fuego, 9.928 cartuchos metálicos de diferentes calibres, 20.195 euros, una plantación de marihuana (161 plantas) y dos kilos de cogollos de esta droga.
También se han requisado, entre otros efectos, dos carteras policiales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (con insignia policial y carné falsificados), 31 carnés militares en blanco, una placa del Cuerpo Nacional de Policía, chaleco identificativo de Policía Local y tres máquinas para la fabricación artesanal de municipio metálica. Además, se ha desmantelado el taller clandestino donde se manipulaban las armas.
Los agentes han detenido a nueve personas e investigado a seis más por los presuntos delitos de tráfico de armas, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones, falsedad en documento público, usurpación de funciones y contra la salud pública. Se han realizado diecisiete entradas y registros en las provincias de Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Ciudad Real, Barcelona, Granada, Zaragoza y Murcia, dentro de unas actuaciones judiciales dirigidas y coordinadas por el Juzgado Número 1 de Alicante.
Esta operación, denominada Treta, se inició a mediados del año pasado cuando se detectó que un ciudadano de nacionalidad rumana y residente en la provincia de Alicante podría estar traficando con armas, las cuales adquiría en extranjero y posteriormente vendía en España a través de Internet y de aplicaciones de mensajería instantánea encriptada.
Las pesquisas revelaron que este individuo venía dedicándose a esta actividad ilegal desde hacía varios años y que, además, era investigado por hechos similares en su país. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial, mientras que se ha dictado una orden internacional de detención y entrega para otro de los principales investigados en la operación, actualmente fuera de España, según la Guardia Civil.
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