La Haya.- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó hoy a los jueces de ese tribunal abrir una investigación sobre la violencia postelectoral ocurrida en Kenia a finales de 2007 y comienzos de 2008.
El jurista argentino especificó en una rueda de prensa que considera que hay una "base razonable" para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad que entran dentro de la jurisdicción de la Corte.
Esos crímenes incluyen asesinato, violación y otros delitos de violencia sexual, deportación y otros actos inhumanos, según detalló la fiscalía.
La fiscalía basa su decisión además en una serie de informes de diferentes agencias internacionales, como UNICEF, y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch.
La iniciativa de abrir pesquisas sobre la situación en Kenia partió de Ocampo, que es la primera vez que da este tipo de paso, según un comunicado de Human Rights Watch.
Las otras cuatro investigaciones en curso de la CPI comenzaron en tres ocasiones a iniciativa de Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula el funcionamiento de esa corte) o bien bajo la petición del propio Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ocurrió en el caso de Darfur (Sudán).
Los episodios de violencia en Kenia empezaron cuando la oposición, entonces liderada por Raila Odinga, denunció fraude en el resultado de las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2007, que dieron la victoria por segunda vez consecutiva al actual mandatario, Mwai Kibaki.
En 41 días, más de 1.200 personas fueron asesinadas y unas 350.000 quedaron desplazadas de sus hogares, lo que supuso un conato de guerra civil, según indicó la CPI basándose en cifras oficiales kenianas.
Aunque fue interpretado como un conflicto étnico, los comentaristas locales han insistido en que fue producto de un histórico problema de tierras y el uso sectario de las rivalidades tribales por parte de los líderes políticos nacionales.
Después de la solicitud de hoy, corresponde ahora a los jueces de la CPI tomar la decisión definitiva sobre si abrir una investigación al respecto.
Las víctimas contarán con un plazo de 30 días para enviar a los jueces sus comentarios y opiniones sobre la solicitud de la fiscalía, aunque esas notificaciones no podrán ser usadas como pruebas en un acta de acusación, especificaron fuentes cercanas a la CPI.
De aceptarse la solicitud, Moreno Ocampo continuará reuniendo las pruebas necesarias para pedir a los jueces que emitan una orden de arresto contra las personas que vayan a ser imputadas, cuyos nombres todavía se desconocen.
La fiscalía considera que si los jueces dan su visto bueno a la investigación, podrían tener elaborada una acusación con una lista de cargos en el curso de 2010.
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