Lo que escondía el matrimonio que trataba a sus temporeros como esclavos

Un matrimonio de nacionalidad rumana habrían captado y trasladado a España a más de 1.000 personas, de cuyo trabajo se habrían lucrado ilícitamente y a las que explotaban en unas condiciones inhumanas. M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos similares, tenían en sus planes construirse una mansión en Rumanía a costa del trabajo de sus compatriotas, a los que habrían engañado desde que los contrataban en Rumanía. Son muchos los jóvenes que por su mala situación económica en su país estaban dispuestos a pagarse el viaje para llegar a España y trabajar de temporero durante unos meses por un sueldo que nunca habrían visto y viviendo en una casa de forma gratuita.

De toda la oferta lo único que parece real es que iban a trabajar. Y, tras la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, se podría decir que como esclavos. La Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO ha desarticulado una red criminal de trata y explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, especialmente de Rumanía y Bulgaria, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleída. En la última fase de esta operación, los agentes liberaron a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado declaración a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen, y sus manifestaciones han sido fundamentales para corroborar los hechos.

Las víctimas eran captadas en Rumanía y Bulgaria, aprovechando alguna situación de vulnerabilidad económica o personal, y les ofrecían un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico y una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral, han relatado las fuentes. La mayoría, ante la escasez de ingresos para comprar productos de primera necesidad como medicamentos o comida, aceptaba la oferta y, en muchos casos, se pagaban ellos mismos el traslado en autobús o incluso por vía aérea.

Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas, los recibía el matrimonio, que les informaba de que tenían que solicitar documentos como el NIE para poder trabajar legalmente y por lo que les cobraban 20 euros... pero nunca se los llegaban a entregar. También les acompañaban al banco para abrir una cuenta. Actuaban de traductores y lo que conseguían era domiciliar las tarjetas de crédito en su casa, según fuentes de la investigación a La Información. Les decían que les pagarían en metálico pero les obligaban a abrir esas cuentas para cobrar por transferencia. Así, el matrimonio se apropiaba de sus libretas y retiraba dinero a su antojo de sus nóminas. La mayoría lo remitían a su país de origen para blanquearlo y a las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias y les descontaban sus supuestas deudas e incluso utilizaban la violencia si protestaban.

 La jornada laboral era en realidad de 7.30 a 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer y paraban solo ante inclemencias meteorológicas adversas. Además, les decían que no podían salir bajo ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tendrían que ir siempre acompañados por personas de red delictiva investigada, que les aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones. En algunas ocasiones tenían que desplazarse hasta 100 kilómetros para llegar al punto de trabajo y por ese trayecto también les cobraban 3 euros por viaje, algo que supuestamente era gratis.

Otra de las condiciones que no cumplían era el alquiler gratuito. Ya en España les pedían 75 euros al mes. Las víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento. Los investigadores descubrieron en una de las casas de la organización que hasta 25 personas compartían tres habitaciones y una cocina común.