La cuestión llevaba unas semanas fuera del foco. Pero una de sus posibles consecuencias la ha devuelto a la actualidad. Y además, por la peor de las noticias. La 'okupación' vuelve a estar en el centro del debate social, después de que al menos tres personas hayan fallecido y una veintena hayan resultado heridas en un incendio declarado en una nave industrial en la que vivían de manera irregular un centenar de personas. Esta tragedia ha servido para reavivar la problemática, ampliamente denunciada por alcaldes, comunidades autónomas o afectados. Un posicionamiento que también reflejan los datos oficiales, ya que los casos registrados han crecido en los últimos años. Lo que contrasta con la postura del Gobierno central, que estima que no es un tema que deba provocar demasiada inquietud.
En el caso de Badalona, el inmueble protagonista del siniestro era propiedad de una empresa y llevaba más de una década siendo utilizado como un techo por más de un centenar de personas, las cuales no han sido siempre las mismas. Que esto haya ocurrido sin que se hayan producido desalojos no es algo extraordinario, ya que gran parte de estas situaciones se dilatan en el tiempo sin que se produzcan actuaciones policiales o judiciales para resolverlas. En el caso de las viviendas, hasta un 80% de las okupadas pertenecen a bancos, según cálculos del grupo VPS. Pero no existen datos claros al respecto, ya que hay diversas fuentes que utilizan distintas metodologías. Es el caso del grupo anterior o del Institut Cerdà, que en un estudio de 2017 apuntó a que había más de 87.500 pisos o casas 'okupadas' en todo el país.
Los datos oficiales no son tan precisos como para señalar la propiedad. Pero sí recogen miles de usurpaciones registradas en los últimos años. Y miles de ellas han provocado condenas judiciales. Estos delitos se corresponden con el tipo penal que castiga la invasión de una propiedad ajena cuando no está siendo usada por su propietario. Según las recopilaciones sobre estos casos que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 hubo 4.687 condenas por este asunto. La mayoría de casos se registraron en Andalucía y Murcia, que acumularon más de 1.000 cada una. Cifras que hacen que este delito supere con creces al del allanamiento de morada, que sería el que perseguiría a quien entrara a vivir a la primera o segunda vivienda de otra persona. En 2019, hubo 238 condenados por ello.
Aunque los procedimientos ya resueltos reflejan esos datos, otras estadísticas también señalan un aumento de la 'okupación' ilegal en los últimos años. 2019 fue el que más hechos conocidos de este tipo acumuló en los últimos cinco años, con hasta 14.621, según refleja el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En los años anteriores, no pasaron de los 12.214 de 2018, y se llegó a un mínimo de 9.998 en 2016. Está por ver cómo evoluciona la tendencia en 2020, ya que en los primeros seis meses ya hay registrados 7.450.
Las comunidades autónomas también han hecho sus propios cálculos en este sentido. La Junta de Andalucía es la que más alarmas ha activado, ya que en el primer semestre de 2020 contabilizaron hasta 1.183 casos. Mientras que la Comunidad de Madrid asegura que en su territorio hay 4.000 viviendas con esta particularidad, según datos del gobierno regional. Estas dos son las autonomías que acompañan en el podio a la líder indiscutible, que es Cataluña. De enero a junio de 2020, Interior registró allí 3.611 'okupaciones'. Un número que es superior al de 2019 en el ámbito catalán, ya que entonces fue de 3.190. Cifras que preocupan mucho en Andalucía y Madrid. Pero que en Cataluña no han provocado grandes actuaciones contra el movimiento 'okupa' por el momento.
La batalla política
La disparidad de criterios entre Andalucía o Cataluña, sumado al rechazo de fuerzas como PP o Vox y la defensa de otras como Unidas Podemos o los partidos independentistas, ha fomentado que la 'okupación' sea un asunto de enfrentamiento político. La más contundente contra el fenómeno ha sido la autonomía andaluza, que bajo la presidencia de Juanma Moreno ha lanzado todo tipo de planes y medidas para luchar contra una actividad que consideran que provoca víctimas. Madrid también se ha mostrado muy beligerante con el asunto, con medidas en su contra como la creación de un teléfono especial que asista a quienes vivan una invasión de su propiedad.
No ocurre lo mismo en Cataluña. La lucha allí es aún más intensa. Quien se ha erigido en portavoz de quienes rechazan la práctica es el alcalde de la localidad afectada por el incendio. El primer edil badalonés, Xavier García Albiol, ha asegurado que su ayuntamiento ya estaba preparando medidas contra quienes vivían en el inmueble. Y de hecho, llegó a ir a hablar con los 'okupas' por las quejas de los vecinos. Una línea que va totalmente en contra de la del Govern de JxCat y ERC. Que incluso han legislado en favor de la 'okupación'. Esto se concretó en el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, por el que se obligaba a los 'grandes tenedores' de viviendas (quienes tuvieran 15 o más) a ofrecer alquileres sociales a quienes llevaran más de seis meses viviendo irregularmente en sus casas. Norma que ya fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno central que forman PSOE y Unidas Podemos también pretende seguir ese camino de proteger a los 'okupas'. De hecho, en el acuerdo para prohibir los desahucios de hace unos días incluyeron que se blindara de un lanzamiento a quienes hubieran usurpado. El único requisito es que estos tenían que demostrar que estaban en una situación vulnerable. La inclusión de este artículo en el futuro decreto-ley es responsabilidad del partido morado, que ya pactó con Bildu y ERC respaldar a quienes entraran en esos perfiles dentro de la enmienda conjunta que presentaron a los Presupuestos Generales del Estado. Una decisión que supone avalar a través de una norma estatal un método irregular como la 'okupación'. A pesar de que, como se ha visto en Badalona, puede generar problemas e incluso acabar mal para sus propios activistas.
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