El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, han informado este jueves de la puesta en marcha de ambas medidas en la provincia, que conllevan una inversión de un total de 3.334.246 euros enfocada a favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral en personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. La dotación financiera de estos dos programas será gestionada por los propios ayuntamientos.
En cuanto al primero de ellos, se trata de ayudas extraordinarias destinadas a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social. Su presupuesto en Huelva asciende a 2.754.846 euros, ha informado la Junta en una nota.
Según ha comentado Romero, "el Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor forma de garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias", a lo que ha añadido que "la continuidad de esta medida reafirma el compromiso de la Junta de ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica", ha añadido.
La cuantía total del programa se ha distribuido entre los ayuntamientos onubenses en base a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año 2015, aunque se garantiza a todos y cada uno de ellos un mínimo de 10.700 euros. Dentro de esta distribución destacan los 573.204 euros que recibe el Ayuntamiento de Huelva, 105.881 el de Lepe, 94.392 Isla Cristina, 83.539 Almonte, 74.431 Ayamonte, 74.348 Aljaraque, 66.901 Cartaya y 69.614 Punta Umbría.
Los 79 municipios de Huelva se han adherido a esta medida, a través de la cual se prevén realizar un total de 1.840 contratos y beneficiar a 5.200 personas. Unas cifras similares a las alcanzadas el año pasado en la última edición.
El abono de estas cantidades a los ayuntamientos se realizará en las próximas semanas antes de que empiecen las contrataciones, lo que pone de manifiesto el compromiso y la estrecha colaboración también de la Junta con las corporaciones locales.
Al igual que en las anteriores ediciones, en la adjudicación de los contratos se da prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, a la persona solicitante que sea víctima de violencia de género, a la unidad familiar en que haya personas con discapacidad o en situación de dependencia, o sea familia monoparental con al menos un hijo o hija a cargo, a la unidad familiar en que haya menores de edad, a las familias numerosas, a las personas residentes en las denominadas zonas con necesidades de transformación social, a mujeres y a mayores de 50 años.
SUMINISTROS VITALES
Con relación a la segunda de estas medidas, la prórroga del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, cuenta con un presupuesto de 579.400 euros en la provincia, que va a permitir la concesión de 3.020 ayudas y beneficiar a unas 8.500 personas.
Este plan se materializa a través de ayudas que son gestionadas igualmente por los ayuntamientos para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los servicios sociales comunitarios.
En la misma línea que el Programa de Ayuda a la Contratación, el importe total de este segundo plan se ha distribuido en base a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año pasado, criterio que se combina con la fijación de tramos por número medio de personas desempleadas por municipios. También participan en el mismo todos los ayuntamientos de la provincia.
La finalidad de esta actuación es atender la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia --fundamentalmente los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler--, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos.
Desde la aprobación en 2013 del primer Decreto de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social, la Junta ha destinado en Huelva un total de 12,4 millones de euros tanto a la ayuda a la contratación como a la red de suministros vitales.
RED DE GARANTÍA ALIMENTARIA
Otro de los pilares del decreto es la orden de subvenciones para la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, cuya convocatoria también está ya en curso y que este año dispone de una inversión con vistas al conjunto de Andalucía de 5.675.065 euros.
El objetivo de esta red, a la que están adheridas 42 entidades en Huelva, es impulsar sistemas sostenibles y solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos para proporcionar una respuesta más coordinada, eficaz y eficiente a las necesidades alimentarias básicas de las familias con escasos recursos económicos.
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