Chicago (EE.UU.), 21 sep.- Un hondureño perseguido en su país por ser gay, y que había recibido asilo en Estados Unidos pero permanecía recluido en una cárcel de Inmigración, quedó en libertad después de que una organización proinmigrante de Illinois peleara su caso durante dos meses, se informó hoy.
El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC), de la organización Heartland Alliance de Illinois, dijo en un comunicado que Miguel Cáceres Juárez fue liberado de una cárcel del vecino estado de Wisconsin, después de un intenso trabajo de defensa realizado por sus abogados y otros grupos proinmigrantes.
En la campaña a favor de Cáceres, una organización defensora de los homosexuales reunió 11.000 firmas en varios países para pedir su libertad.
Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro, dijo que "no se puede tolerar la práctica del Gobierno de mantener individuos encarcelados después de haberles otorgado protección".
Según lo informado, Cáceres escapó de Honduras después de sufrir violaciones y torturas desde los 12 años de edad, practicadas por pandilleros.
Su propio hermano lo golpeaba y amenazaba con decapitarlo debido a su orientación sexual.
El 12 de julio pasado, un juez de Inmigración le reconoció estatus de refugiado, pero aun así la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) le negó la libertad y manifestó su intención de deportarlo a un país alternativo.
El NIJC presentó un recurso ante la corte de distrito en Wisconsin, con el argumento de que la detención era ilegal, pero antes de que se conociera la decisión del juez el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó en libertad a Cáceres.
"Estoy muy feliz. No hay nada mejor que estar libre", dijo Cáceres en el comunicado.
McCarthy dijo que "la detención prolongada de Cáceres, y de individuos similares que vienen a Estados Unidos en busca de libertad y seguridad, es arbitraria y contraria a nuestra Constitución".
El centro reclamó que se cumplan las leyes "y se apliquen a todas las personas que lo necesiten".
El NIJC tiene pendiente desde mediados de agosto una demanda colectiva contra el DHS por aplicar órdenes de retención contra detenidos mientras investiga su estatus migratorio.
En el escrito se establece que las retenciones privan a miles de hombres y mujeres de sus derechos constitucionales básicos al debido proceso.
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