Padres del colegio Santa Illa,"indignados"por la forma de ejecutar el embargo

Madrid, 27 feb.- Una parte de las familias del alumnado del colegio privado Santa Illa, de Madrid, que hoy ha reanudado clases después de un embargo judicial el pasado jueves, ha expresado su "indignación" por la forma en que fue llevada a cabo la diligencia, con "falta de respeto a la dignidad de los menores de edad".

Así lo han manifestado varios padres y madres, que hoy han llevado a sus hijos al colegio a las nueve de la mañana, así como el director técnico del centro, Manuel Díaz, quien ha asegurado a Efe que la disposición es la de "normalizar la situación, salir adelante y superar el tropiezo para llevar adelante el proyecto" del colegio.

Algunos de los padres o madres han mencionado, incluso, la posibilidad de emprender acciones legales por la forma en que fue llevada a cabo la diligencia judicial.

El colegio, que adeuda a la Seguridad Social 992.263 euros, fue embargado el pasado jueves por orden de un juzgado madrileño, aunque al día siguiente los muebles que habían sido retirados fueron devueltos después de que la Seguridad Social confirmase un acuerdo en virtud del cual será el propio colegio el encargado de custodiar el mobiliario embargado.

Los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social ejecutaron la orden judicial el pasado jueves, mientras los alumnos y alumnas y profesorado se encontraban dentro del centro educativo.

Díaz ha explicado que, después de ser reintegrados los muebles, entre el viernes y el sábado el colegio preparó las instalaciones para que los alumnos pudieses volver hoy en un "ambiente de normalidad".

El funcionario del colegio ha lamentado, eso sí, "las maneras" empleadas en el embargo, pues, considera que "las cosas se pueden hacer de otra forma y se tenía que haber evitado la presencia de los niños".

Este asunto es el que "preocupa" a muchos de los padres y madres consultados, pues, como ha dicho una mujer que pidió no mencionar su identidad, los funcionarios encargados del embargo le han producido "daño" a los niños o niñas después de "quitarles sillas y mesas y dejarles llorando en el patio".

Fernando Sanjosé, otro padre, ha asegurado que considera una "equivocación" el procedimiento efectuado en las instalaciones del centro, aunque ha reconocido la "rectificación" de devolver los muebles.

Sanjosé ha desmentido que se trate de "un colegio de pijos o de niños ricos" pues en él -ha dicho- estudian "tanto hijos de taxistas como hijos de empresarios que reciben una educación igualitaria sin ningún tipo de distinción".

El abogado José Antonio García del Moral, padre de una alumna, ha criticado también la "actuación arbitraria" del procedimiento judicial, ejecutado "en horas hábiles, mientras los niños acudían a clase".

"No podemos comprender cómo se ha ejecutado la orden de forma arbitraria y junto con algunos profesores estamos meditando la posibilidad de llevar a cabo acciones legales", ha dicho el abogado.

García del Moral, quien ha agradecido "de viva voz" la devolución del mobiliario, "a pesar de que el daño ya está hecho", ha explicado que en una reunión mantenida el pasado viernes con la directiva del colegio obtuvieron "el compromiso de que habrá a clases hasta el final del curso".

"En el ánimo de todos está continuar porque estamos contentos con la educación que imparte el colegio", ha dicho García del Moral, coincidiendo con el criterio de la mayoría de los padres y madres consultados.

Otra madre de un alumno, la periodista María José Galloso, ha explicado que en el colegio no hay constituida una asociación de padres de familia por el tamaño del centro y porque hay en él un "ámbito familiar" que no la hace necesaria.