La ONU, la Unión Europea y las oenegés han denunciado el regreso a las ejecuciones, reinstauradas por Islamabad en nombre de la lucha contra el terrorismo, tras el ataque de los talibanes contra una escuela en Peshawar (noroeste), que dejó 154 muertos en diciembre.
Desde el fin de la moratoria, el gobierno paquistaní ha colgado a unos 180 condenados a muerte de los 8.000 que se encuentran encarcelados en las prisiones del país. Muchos de los ajusticiados no tenían relación alguna con el terrorismo.
Ante las protestas internacionales, las autoridades aplazaron la ejecución del joven Shafqat Husain, condenado por el asesinato de un niño en 2004, para investigar cuál era su edad real en el momento del crimen, ya que Pakistán han firmado convenios internacionales que le impiden ajusticiar a menores de edad.
Según el certificado de nacimiento presentado por sus abogados, Husain, que se declara inocente, era un adolescente en el momento de los hechos que se le imputan. Además, según un grupo de expertos de la ONU, su proceso no ha respetado las normas internacionales.
Pese a todo, las autoridades planean seguir adelante con el ahorcamiento del joven.
En mayo, otro paquistaní que confesó "bajo tortura" un asesinato y que según su defensa era menor en el momento del crimen, fue colgado en una prisión de Lahore (este).
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